L D (Agencias) Según informaron este miércoles fuentes del alto tribunal vasco, el magistrado tomará declaración el viernes al presidente de esa misma formación, Juan Carlos Ramos, y a los tesoreros Jesús María Agirre y Sonia Jacinto, dentro del proceso que inició la Audiencia Nacional para investigar el destino de los fondos económicos del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV).
El 6 de febrero, el juez Baltasar Garzón imputó un delito de colaboración con ETA y otro de asociación ilícita a Ramos, Agirre y Jacinto porque "sin su intervención no habría sido posible llevar a cabo la actividad presuntamente delictiva que se investiga", sobre la sumisión política y financiera de este partido a la organización terrorista.
Según expuso entonces la Audiencia Nacional, "los hechos investigados se concretan por una parte en la determinación de la vinculación de PCTV con Batasuna-ETA, así como la instrumentalización económico-financiera de dicho partido legal -en ese momento- para contribuir a la actividad y fines presuntamente terroristas de dicha organización".
El auto añadía que los responsables de dicha formación "habrían autorizado, diseñado y dirigido o participado en las operaciones" a través de las cuales se permitió financiar a ETA. Por esos mismos motivos, el juez ordenó días después la suspensión de actividades del PCTV durante un período de cinco años.
Garzón cuestionó a la Fiscalía cómo actuar ante la condición de aforadas de las parlamentarias vascas Nekane Erauskin y Karmele Berasategi, y por ello, finalmente, en el mes de abril el TSJPV se manifestó competente en el caso. Así, cuando el proceso llegó al magistrado de la Sala de lo Civil y Penal, éste decidió mantener las medidas cautelares que había ordenado la Audiencia Nacional sobre el bloqueo de las cuentas del partido y del grupo en la Cámara de Vitoria.
Mañana jueves, el juez del TSJPV tomará declaración a las dos parlamentarias para averiguar si los fondos que recibía el PCTV por su representación en las instituciones vascas eran gestionados por personas ajenas a la formación y vinculadas a la ilegalizada Batasuna o al entorno de ETA.
El 11 de febrero, Jesús María Agirre y Sonia Jacinto fueron detenidos dentro de una operación policial ordenada por la Audiencia Nacional, como supuestos integrantes de una nueva dirección de Batasuna. Con anterioridad, cuando en el año 2005 el caso aún estaba en la fase inicial de la investigación, el juez que sustituyó a Garzón mientras éste residía en Estados Unidos, Fernando Grande-Marlaska, ordenó detener a Juan Carlos Ramos y a Agirre imputados por colaboración con banda armada.