L D (Agencias) De esta forma, el alto Tribunal rechaza la pretensión de la defensa de los procesados de suspender la ejecución de la pena hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo que sus defendidos plantearon en relación a esta causa. El pasado 8 de abril, el TS revocó, en casación, la sentencia absolutoria del TSJPV y condenó a Atutxa a un año y medio de inhabilitación para ocupar cargo público y a una multa de 18.000 euros, mientras que a Knörr y Bilbao –esta última sigue siendo representante de IU en Mesa de la Cámara vasca– les impuso un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros, a cada uno.
La representación legal de los procesados solicitó la suspensión de la ejecución de la condena hasta que el Tribunal Constitucional resuelva la impugnación de sus defendidos en relación a este caso. Los magistrados del TSJPV Pablo Sesma, Javier Murgoitio y Juan Carlos Iturri, a través de un auto fechado el 27 de mayo, dieron traslado al ministerio público y a la acusación popular, ejercida por Manos Limpias, para que en un plazo de cinco días diesen su opinión sobre la solicitud de la defensa de los acusados.
Después de que el TS dictara sentencia y la remitiera al alto Tribunal vasco para su ejecución, la Sala de lo Civil y Penal acordó este mismo mes, por unanimidad, que el Tribunal encargado de la ejecución de la resolución condenatoria fuera el mismo que absolvió a los procesados y que estuvo integrado por Pablo Sesma y Juan Carlos Iturri ––ambos de la Sala de lo Social del TSJPV–, así como a Javier Murgoitio –de la Sala de lo Contencioso-administrativo–. Su resolución fue absolutoria.
Manos Limpias –única que acusaba, ya que la Fiscalía vasca pidió la absolución– recurrió la sentencia del TSJPV y el Tribunal Supremo decidió revocarla y condenar a los procesados al considerarles autores de un delito de desobediencia.