El Tribunal que enjuicia el caso -presidido por Manuel Díaz de Rábago, e integrado también por Antón Subinas y Juan Carlos Benito Butrón- ha resuelto sobreseer el procedimiento penal, cuyo juicio se inició el pasado día 8 en la que fue su única sesión, ante la asusencia de una "acusación legítima". Sin embargo, el presidente del Tribunal que juzga este caso, Díaz de Rábago, anunció su voto particular contrario a esta decisión.
En este sentido, Manuel Díaz de Rábago estima que la acusación popular está legitimada en este tipo de procedimientos para el ejercicio de la acción penal, aunque sea esta acusación popular la única que lo inste. Esta misma semana se emitirá una sentencia con la resolución.
El TSJPV sigue la "doctrina Botín"
La decisión del TSJPV la ha dado a conocer Manuel Díaz de Rábago a primera hora de esta mañana, después de que el pasado jueves, en la primera y única sesión del juicio, tanto la Fiscal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Vasca, María Angeles Montes, como la defensa de López y Ares, y de los cinco representantes de Batasuna, solicitaran el archivo de la causa en base a la "doctrina Botín", por la que el Supremo afirmó que no se podía abrir juicio oral si la promovía la acusación popular, sin que ejercieran la acción penal la Fiscalía o la acusación particular.
Pese a que este argumento ha sido también defendido a lo largo de toda la instrucción por la representación legal del lehendakari, ésta decidió, al comenzar la vista oral, que, una vez que los encausados ya han sufrido "la pena de banquillo" y visto que, en reiteradas ocasiones, se le ha denegado el sobreseimiento del caso, su pretensión era que el juicio se celebre hasta el final para que se pueda demostrar "la inocencia" del presidente del Gobierno vasco, "y de todos los demás".
Por su parte, el TSJPV ha decidido archivar la causa al considerar que había falta de acusación legítima para celebrar el juicio al no ejercer la acción penal ni la fiscal ni la acusación particular, tan sólo las acusaciones populares.
Foro de Ermua y Dignidad y Justicia recurrirán al Supremo
El proceso llegó al alto tribunal vasco con la única acusación de las asociaciones de víctimas del terrorismo Foro Ermua y Dignidad y Justicia, ya que tanto la Fiscalía como las defensas pidieron la libre absolución de los procesados. El Ministerio Fiscal reclamó la libre absolución por considerar que al celebrar las reuniones no se cometió delito alguno de desobediencia por no haber una orden expresa que prohibiera esos encuentros.
Tanto el Foro de Ermua como la asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, ya han anunciado que recurrirá esta decisión ante el Tribunal Supremo.