Admitido a trámite el recurso de apelación de Camps

El magistrado, que instruye la trama valenciana del denominado "caso Gürtel", José Flors, en una providencia en la que fija un plazo de cinco días hábiles para presentar impugnaciones contra su resolución, ha resuelto de esta manera que los recursos interpuestos por los implicados lleguen a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, que tendrá que decidir si los estima y archiva la causa o si, por el contrario, los desestima y se sigue con el procedimiento, concretaron a Europa Press fuentes del tribunal valenciano.

Los cuatro imputados por un supuesto delito de cohecho, el presidente de la Generalidad, Francisco Camps, el secretario general del PPCV y diputado, Ricardo Costa, el ex vicepresidente de la Generalidad Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret piden en sus respectivos recursos el sobreseimiento de la causa, alegando no haber recibido trajes como regalo del empresario y presunto cabecilla de la trama Francisco Correa, ni haber incurrido en irregularidades en la adjudicaciones a la empresa Orange Market.

Paralelamente, los imputados tienen pendiente todavía que el magistrado José Flors se pronuncie sobre la petición realizada durante la vista previa celebrada ayer en la que sus letrados pidieron que se suspendiera el procedimiento hasta que la Sala de lo Civil y Penal se pronuncie respecto a los recursos presentados contra el auto del 6 de julio, admitidos hoy a trámite.

Por su parte, la acusación popular representada por el PSPV pedía  en su recurso que la causa siguiese tramitándose en fase de diligencias previas --anulando de esta forma su transformación en un procedimiento en base a la Ley del Jurado, acordada por el magistrado-- para practicar nuevas pruebas documentales y testificales, entre ellas, las declaraciones de varios consellers y ex consellers de la Generalitat valenciana y otros altos cargos.

Para desestimar el recurso de los socialistas, el magistrado argumenta que no se puede seguir tramitando la causa en fase de diligencias previas cuando ya se ha determinado que debe ser enjuiciada por un jurado. Esta circunstancia, además, no supone restricción ninguna en cuanto a las posibilidades de actuación de las partes en defensa de sus respectivas posturas procesales, advierte.

El magistrado explica que tampoco se pueden practicar las pruebas solicitadas porque muchas de ellas son las mismas que ya se pidieron  por esta acusación popular el pasado 19 de junio y todas ellas fueron denegadas "motivadamente" en dos autos consecutivos, indicaron las mismas fuentes.

Ante la insistencia de la acusación popular de ampliar el objeto del proceso a otros hechos distintos de los que motivaron su apertura, el instructor también manifiesta que "se han de reiterar los mismos fundamentos jurídicos que se expusieron acerca de esa misma cuestión en el auto de fecha 14 de los corrientes, resolutorio de otro recurso de reforma interpuesto por el ministerio fiscal".

Por todo ello, el recurso ha sido desestimado, pero la acusación popular puede recurrir nuevamente el pronunciamiento del instructor en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal.