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El tripartito catalán deja la política lingüística en manos de Carod Rovira

A pesar de la polémica que suscitaron las decisiones en materia lingüística que se tomaron durante la primera edición del tripartito catalán, el nuevo Gobierno liderado por Montilla ha entregado el control de la política lingüística al independentista Carod Rovira. Durante el mandato de Maragall, un padre canario residente en Barcelona, Carmelo González, se puso en huelga ante el intento infructuoso de escolarizar a su hija en castellano. Además, se castigó con multa a los locales con letreros en castellano. Ante la intención de Ciudadanos de que se oiga de nuevo el español en la Cámara, Piqué ha advertido que "hay que evitar la provocación y la confrontación lingüística".

LD (Europa Press) La política lingüística en Cataluña vuelve a estar en manos de los nacionalistas. El gobierno tripartito que encabeza el ex-ministro de Industria, José Montilla, ha dejado en manos del nacionalista José Luis Carod Rovira, las competencias en política Lingüística de la Generalidad Catalana. Rovira será el encargado de designar al secretario responsable de poner en práctica las decisiones que, en este ámbito, tome el nuevo vicepresidente del Gobierno catalán. No obstante, fuentes de Esquerra han advertido de que el nombramiento del secretario competente será consensuado con el PSC.
 
Las respectivas comisiones negociadoras continúan repasando la estructura de las futuras Consejerías una a una, así como la adscripción de organismos y empresas autónomas. El objetivo es que la representación de los tres partidos socios del nuevo Gobierno sea lo más proporcional posible a su representación parlamentaria.
 
En esta línea, la adjudicación de algunos organismos a una u otra Conselleria de diferente color político ha ido variando con el paso de las horas. Los ejemplos más públicos serían el caso del Instituto Catalán del Sol (Incasòl), que inicialmente se había atribuido ICV-EUiA y que podría acabar dividida entre las Consejerías de Medio Ambiente y Vivienda y la de Política Territorial y Obras Públicas.
 
El mismo caso sería el del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), que en principio se adjudicaba a la Consejería de Salud, en manos del PSC, y que finalmente se mantendrá en Bienestar bajo gestión de ERC.
 
Esta situación se repite con numerosos organismos, muchos de ellos dependientes de la Consejería de Presidencia y que en la definición del nuevo organigrama de la Generalidad se habían dispersado para luego volver a su adscripción original.

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