L D (EFE) La Sala, compuesta por el presidente del TSJPV, Manuel María Zorrilla, y los magistrados Enrique Torres y Juan Luis Ibarra, desestimó, tras la vista celebrada en el palacio de Justicia de Bilbao, el recurso presentado por el convocante de la concentración. La resolución judicial indica que, en esta ocasión, el departamento de Interior ha actuado de forma "adecuada a derecho" al prohibir la concentración. Después de casi tres horas de vista oral y hora y media de deliberación, la Sala ha desestimado el recurso presentado por Haritz Varela, convocante de la marcha, contra la resolución de Interior en la que se consideraba que se dan "circunstancias" similares a la manifestación celebrada una semana antes en la que se produjeron incidentes que pudieran ser constitutivos de delito.
El letrado del departamento de Interior y la fiscalía coincidieron en destacar que en aquella marcha del domingo 10 de agosto, al igual que en la convocada para este sábado, había un particular "sin apariencia política" que solicitaba la celebración de la marcha a la que posteriormente se sumaba Sozialista Abertzaleak –el nuevo nombre de Batasuna– que, por medio de una rueda de prensa ofrecida por las mismas personas en ambos casos, animaba a acudir a la manifestación. Asimismo, reflejaron que en la marcha se corearon gritos a favor de ETA y al término de la misma encapuchados quemaron una bandera española, actos que pudieran ser constitutivos de delito y, por lo tanto, el letrado de Interior dijo que "habrá que pensar que en esta ocasión ocurrirán hechos similares, sobre todo porque es una acto a favor de la ikurriña en contra de la bandera española".
Ante esa situación, advirtió del peligro que conllevaría una actuación policial para impedir esos delitos, "conociendo además que la gente de la izquierda abertzale no se suele plegar ni dejarán que se detenga a los culpables de esos hechos, lo que conllevará una actuación policial violenta", dijo el letrado. La fiscal añadió que "no hay certeza" de que se vayan a producir acciones delictivas similares que conlleven peligro a personas o bienes, "pero existe una razonable probabilidad" de que así ocurra. Ambos consideraron esas circunstancias como antecedentes para prohibir la marcha y dejaron al margen la relación que pudiera tener la manifestación con los autos dictados por la Audiencia Nacional contra actos convocados por una organización ilegalizada, argumento esgrimido por Interior para prohibir la manifestación del día 10 de agosto.
El letrado del departamento de Interior y la fiscalía coincidieron en destacar que en aquella marcha del domingo 10 de agosto, al igual que en la convocada para este sábado, había un particular "sin apariencia política" que solicitaba la celebración de la marcha a la que posteriormente se sumaba Sozialista Abertzaleak –el nuevo nombre de Batasuna– que, por medio de una rueda de prensa ofrecida por las mismas personas en ambos casos, animaba a acudir a la manifestación. Asimismo, reflejaron que en la marcha se corearon gritos a favor de ETA y al término de la misma encapuchados quemaron una bandera española, actos que pudieran ser constitutivos de delito y, por lo tanto, el letrado de Interior dijo que "habrá que pensar que en esta ocasión ocurrirán hechos similares, sobre todo porque es una acto a favor de la ikurriña en contra de la bandera española".
Ante esa situación, advirtió del peligro que conllevaría una actuación policial para impedir esos delitos, "conociendo además que la gente de la izquierda abertzale no se suele plegar ni dejarán que se detenga a los culpables de esos hechos, lo que conllevará una actuación policial violenta", dijo el letrado. La fiscal añadió que "no hay certeza" de que se vayan a producir acciones delictivas similares que conlleven peligro a personas o bienes, "pero existe una razonable probabilidad" de que así ocurra. Ambos consideraron esas circunstancias como antecedentes para prohibir la marcha y dejaron al margen la relación que pudiera tener la manifestación con los autos dictados por la Audiencia Nacional contra actos convocados por una organización ilegalizada, argumento esgrimido por Interior para prohibir la manifestación del día 10 de agosto.