L D (Agencias) El portavoz batasuno fue denunciado por la Fiscalía después de que, en una rueda de prensa celebrada el 26 de febrero de 2003, con motivo de una visita del Rey al País Vasco, calificara al monarca como "el jefe máximo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y que ampara la tortura y que impone su régimen monárquico a nuestro pueblo mediante la tortura y la violencia".
En la sentencia, el tribunal, presidido por el magistrado y presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, se establece que las declaraciones de Otegi son "claramente ofensivas, impropias, injustas, oprobiosas y ajenas a la realidad", pero no se consideran "injurias graves", por lo que están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, informa Efe.
Durante la vista oral, la fiscalía hizo una petición de pena de quince meses de prisión para Otegi por un delito de "injurias graves" y el dirigente radical negó intención de injuriar y puntualizó que él "no hizo responsable de torturas" al Rey sino a quienes las practican. Estas manifestaciones se produjeron en los días en que el director del clausurado Euskaldunon Egunkaria, Martxelo Otamendi, denunciaron torturas a manos de la Guardia Civil.
La resolución judicial, de la que son también ponentes Nekane Bolado y Roberto Sáiz, recuerda la doctrina de los tribunales Constitucional y Europeo de Derechos Humanos según la cual "la tutela del derecho al honor se debilita, proporcionalmente, como límite extremo de las libertades de expresión e información, cuando sus titulares, como en el caso que nos ocupa, son personas públicas".
Las declaraciones de Otegi, indica el texto, "se realizaron en un ámbito que puede sin dificultad considerarse de carácter público -político e institucional-, no sólo en razón de la condición del sujeto agente -Parlamentario del Parlamento Vasco-, sino también de la autoridad a la que se dirige, coincidente con la más Alta Magistratura del Estado".
Además, destaca, las declaraciones se produjeron en un contexto "de crítica política al Lehendakari por su formal hospitalidad" hacia el Rey en los días posteriores al cierre de Egunkaria y la detención de sus responsables, "además de la denuncia de malos tratos hecha pública por aquellos".
Estiman, por ello, que las manifestaciones de Otegi, pese a ser "ofensivas, impropias, injustas, oprobiosas y ajenas a la realidad", no pueden ser "sancionadas con una condena penal, pues ello vulneraría las libertades proclamadas por la Constitución, ya que en la ponderación de los derechos fundamentales en juego, el del honor y el de la libertad de expresión, debe primar este último, por las garantías que a éste último concede la Constitución".