El TC rechaza el recurso del tripartito y Aralar a favor del referéndum de Ibarretxe

La única excepción admitida por la ley es la personación de las Comunidades Autónomas cuando el recurso de inconstitucionalidad tiene un contenido competencial. "Es evidente que no concurre la específica circunstancia (...) que justifica la única excepción a la regla general sobre la intervención de coadyuvantes en los recursos de inconstitucionalidad, pues (...) los partidos políticos no se encuentran entre los sujetos legitimados por la Constitución y la LOTC para intervenir activa o pasivamente" en el procedimiento.

El Constitucional añade que esta decisión no genera ningún tipo de indefensión "en la defensa de los intereses de los ciudadanos que afirman encarnar", ya que "dado el carácter estrictamente objetivo y abstracto del recurso de inconstitucionalidad no pueden hacerse valer en él intereses distintos a la pura o simple impugnación o defensa de la ley recurrida".

También advierte de que "los partidos políticos no son representantes políticos de los ciudadanos" y agrega que "la relación de representación política que nace con la elección de los cargos representativos por el cuerpo electoral" no se da entre los partidos y los ciudadanos, "sino entre los electos y los electores".

En este sentido, el tribunal recuerda que tanto el Parlamento vasco como el Gobierno de esa Comunidad Autónoma ya están personados en la causa.

Con su decisión, los magistrados dan la razón al Gobierno y al PP, que se habían opuesto a que los partidos PNV, EA, EB y Aralar fueran tenidos como parte.

El pasado 6 de agosto, estas cuatro formaciones solicitaron al Constitucional ser tenidos como parte en el procedimiento y presentaron en el registro del tribunal unas alegaciones en las que señalan que la consulta no es vinculante y que tampoco constituye "un mandamiento" para modificar el estatus jurídico de Euskadi.

Los cuatro partidos vascos respondían así al recurso del Gobierno contra la Ley de Consulta sobre el diálogo para la paz y la normalización en el País Vasco aprobada por el Parlamento de Vitoria, que tras ser admitido por el Constitucional el pasado 17 de julio supuso la suspensión automática de la iniciativa secesionista impulsada por Ibarretxe.