El TC pide al Gobierno y al PP que opinen sobre el escrito en el que seis magistrados desmienten estar "contaminados"
El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este jueves dar traslado al Gobierno y al PP de un escrito en el que seis magistrados de este órgano- entre ellos los tres recusados por el principal partido de la oposición– niegan haber anticipado su opinión sobre la citada norma, por lo que no estarían "contaminados" para debatir sobre ella. Esta decisión la han acordado con el fin de evitar que tanto el Ejecutivo como el PP puedan alegar en el futuro indefensión por no haber tenido la oportunidad de pronunciarse sobre documentos que afectan al núcleo del debate sobre las recusaciones. Contra esta decisión han anunciado voto particular los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García-Calvo, los dos recusados por el Ejecutivo.
L D (Europa Press) El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este jueves dar traslado al Gobierno y al PP de un escrito en el que seis magistrados de este órgano- entre ellos los tres recusados por el principal partido de la oposición en el recurso que éste interpuso contra la reforma de la Ley Orgánica que regula este alto tribunal (LOTC)- niegan haber anticipado su opinión sobre la citada norma, por lo que no estarían "contaminados" para debatir sobre ella.
La finalidad de este trámite es dar audiencia a las partes para que se pronuncien sobre este documento, considerado como elemento relevante a la hora de dirimir los incidentes de recusación planteados por el Partido Popular. Esta decisión permitirá aplazar unos días el debate de fondo de las cinco recusaciones planteada(las tres citadas y las de otros dos magistrados por el Gobierno), que no se acometerá hasta que no se conozca la opinión de las partes.
En una nota de prensa hecha pública a primera hora de esta tarde, el Alto Tribunal explica que el Pleno ha dictado una providencia relativa a las recusaciones presentadas por el PP en la que se señala que, "previamente a la decisión que proceda, se ha acordado dar vista a las partes de las actuaciones y traslado de varias comunicaciones". La providencia con los votos particulares se notificará mañana a las partes, según detalla la misma nota.
Contra esta decisión han anunciado voto particular los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García-Calvo, los mismos contra los que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, presentó también un incidente de recusación por considerar que no deberían decidir sobre la LOTC al haberse pronunciado contra su contenido en una carta que enviaron a la presidenta del tribunal María Emilia Casas, el pasado mes de junio.
Preliminares
Los diez magistrados del Tribunal Constitucional que participaron este jueves al Pleno son todos los que integran el TC con excepción de la presidenta y del vicepresidente del mismo, María Emilia Casas y Guillermo Jiménez, respectivamente, quienes se abstuvieron de participar en este debate por entender que el contenido de la ley, que regula la prórroga de sus mandatos mientras sigan siendo magistrados, les afectaba directamente.
La última reunión sucede a la que concluyó este miércoles sin éxito tras cuatro horas de deliberaciones, en las que ni siquiera se llegó a abordar el tema de las recusaciones. Este jueves, sin embargo, los magistrados acordaron dar traslado a las partes del mencionado desmentido, con el fin de evitar que tanto el Ejecutivo como el PP puedan alegar en el futuro indefensión por no haber tenido la oportunidad de pronunciarse sobre documentos que afectan al núcleo del debate sobre las recusaciones. De la resolución final de las recusaciones dependerá el futuro equilibrio de fuerzas en esta alta institución del Estado
Los magistrados recusados por el PP son Pascual Sala Sánchez, Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón Reyes quienes podrían estar finalmente presentes en la discusión sobre la admisión o rechazo de plano de sus propias recusaciones. De otro modo, y a falta del quórum mínimo de ocho magistrados, la situación podría desembocar en el bloqueo del debate.
El PP presentó su incidente de recusación contra estos tres magistrados después de que el Gobierno, a través de la Abogacía General del Estado, recusara a su vez a los magistrados conservadores Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata. Lo justificó en el "interés directo" que los tres mencionados en el pleito al haber tenido "conocimiento del mismo y formado su criterio en detrimento de la debida imparcialidad".
Reuniones previas
Los populares basaron su escrito en sendos artículos periodísticos en los que se relatan reuniones de diversos magistrados, entre ellos los recusados, en las que se adelantaron posturas sobre la reforma de la LOTC. Posteriormente, seis magistrados desmintieron este extremo en un escrito dirigido al presidente en funciones del tribunal, Vicente Conde.
Este jueves estaba previsto que el Pleno comenzara con las recusaciones presentadas del PP, a pesar de que estas fueron planteadas semanas después del incidente de recusación planteado por el Abogado del Estado.
Si las recusaciones del PP se acaban rechazando de plano, como es previsible, cabe la posibilidad de que en una segunda fase se afronten las recusaciones de la Abogacía del Estado, aunque todavía no se conoce si en el debate de este segundo asunto estarán o no ausentes o presentes los magistrados, García Calvo y Rodríguez Zapata.
Casas: "Se oyen voces irresponsables desde algunos medios de comunicación"
Por su parte, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, afirmó en Pamplona que el máximo órgano judicial pasa por "momentos de dificultades o turbulencias", pero afirmó que, "pese a intentos de desestabilización intolerables, saldrá fortalecido por la única vía que es posible, a través del ejercicio de la jurisdicción constitucional". María Emilia Casas indicó que la situación del TC le "preocupa especialmente" y explicó que "se oyen voces tanto desde la política como desde algunos medios de comunicación poco respetuosas hacia el Tribunal Constitucional".
La presidenta del máximo órgano judicial afirmó que algunas declaraciones que han salido de esos foros han sido "irresponsables" y exigió "respeto para el Tribunal, que ejerce su tarea y la seguirá ejerciendo de manera impecable". "No son todos los medios ni todos los responsables políticos, pero frente a ello, creo imprescindible que entre todos evitemos que el tribunal sea objeto de cuestionamientos que provocan inevitablemente una pérdida de sentido institucional", advirtió.
La presidenta del TC se pronunció así durante una conferencia que ofreció este mediodía durante unas jornadas celebradas en el Parlamento de Navarra para conmemorar el XXV del Amejoramiento del Fuero. María Emilia Casas reconoció que el Tribunal está "en un momento delicado", pero apuntó que actualmente "está ejerciendo su jurisdicción cumpliendo con la Constitución y resolverá este momento por el que pasa, del que estoy segura saldrá fortalecido".
No obstante, la presidenta del TC advirtió de que si persiste "el cuestionamiento" del máximo órgano judicial, "esta situación terminará arrebatándonos las coordenadas definitorias de cada institución, del papel que a cada institución le corresponde para arrojarnos en una confusión preocupante con riesgo de desconocimiento del papel que cada institución tiene en la Constitución".
Así, consideró esencial "estimular una cultura constitucional en la que todos debamos respeto y confianza a la Constitución, a las instituciones por ella creadas, y desde luego, a su intérprete supremo".
María Emilia Casas recalcó que "ningún tribunal, tampoco el Constitucional, pueden pretender quedar al resguardo de la crítica cuando sea procedente, tanto de la opinión pública, como de la opinión política, como de la comunidad de los juristas, pero con la misma claridad he de recordar que el Tribunal Constitucional necesita en todo momento de la cooperación y del respeto de los demás poderes públicos y de los ciudadanos".
En este sentido, indicó que "en una sociedad democrática y plural, el debate político y el papel de los medios son esenciales, incluso un baremo en el que se puede medir nuestra salud democrática, pero ese debate no debe ni puede cruzar la línea del cuestionamiento institucional, del permanente y sistemático cuestionamiento, pues sin el respeto a la instituciones, no es posible el correcto funcionamiento de los órganos constitucionales, que a su vez son los garantes de la democracia".
No obstante, se mostró segura de que si se critica desde la razón y el respeto, "el tribunal superará el periodo de dificultades y cuestionamientos al que está sometido actualmente, y lo hará de la única manera posible, a través de su funcionamiento, a través del ejercicio de sus funciones".
Respecto a la ley orgánica de reforma del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas indicó que hubiera deseado que esta reforma contará con el apoyo de "una mayoría abrumadora del Parlamento, como ha sucedido en anteriores ocasiones", y recordó que finalmente la norma no contó con el apoyo del Partido Popular.
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