LD (Ángela Martialay) Es difícil encontrar precedentes al comunicado que, según adelantó Libertad Digital, 46 magistrados del Alto Tribunal han firmado y hecho público este martes. En dicho documento, el Tribunal Supremo respalda a los miembros del CGPJ que tienen que pronunciarse sobre la sanción al juez Tirado por su actuación en el "caso Mari Luz", que se ha puesto en tela de juicio por diversos miembros del Gobierno como el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, o la propia vicepresidenta De la Vega.
Concretamente, el comunicado recoge que "es deber constitucional de todos respetar la autonomía decisional del órgano encargado de resolver respeto al expediente disciplinario del juez Tirado".
Asimismo, afirma que para evaluar la actuación del juez es necesario tener en cuenta la crítica situación de los juzgados en cuanto a medios técnicos y humanos, así: "Son datos necesariamente valorables la real situación de personal medios y carga de trabajo del juzgado".
Por último, los magistrados del Supremo señalan que los jueces del Consejo deben tomar sus decisiones sin tener en cuenta las presiones políticas que están recibiendo y ajustándose, tan sólo, a las normas del derecho: "Los órganos disciplinarios del CGPJ están obligados a decidir sólo en derecho y exclusivamente sobre el caso, desatendiendo eventuales demandas políticas justicialistas".