Las deliberaciones del Tribunal no han concluido todavía pero fuentes del Supremo han manifestado que los magistrados podrían tomar una decisión a principios de la próxima semana, para cuando tienen fijada una reunión. Y esta decisión podría ser la del archivo de la querella. De producirse realmente, el nepotismo tendrá en España una sólida base de defensa jurídica.
Al parecer, la decisión va a fundamentarse en el informe del teniente fiscal del Supremo, Juan Martín Casallo—, en el que el Ministerio Público solicita el archivo de la querella por no ser los hechos en que se funda constitutivos de delito. Según el fiscal, en el expediente administrativo «no consta» que el vicepresidente del Gobierno «efectuara algún tipo de gestión para la concesión del incentivo». La subvención fue aprobada por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) y Chaves, como presidente de la Junta, se limitó a ratificar el acuerdo de ese organismo durante una reunión de enero de 2009.
Según el fiscal no hay indicios que permitan afirmar que Chaves influyera en las decisiones adoptadas por los funcionarios de la Agencia Idea o por los de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa de la Junta «bien dando una orden directa para que el expediente se resolviera de una manera concreta y determinada, bien tratando de influir en la resolución de quien no es inferior jerárquico directo».
La interpretación de los hechos por el PP es, obviamente, la opuesta. La querella sostiene que Chaves debió abstenerse de intervenir en cualquiera de los trámites necesarios para la concesión de la subvención puesto que conocía «de modo indubitado» que su hija era responsable del departamento jurídico de Matsa. El PP cree que la decisión de la Junta «no se ajustaba a Derecho» y recuerda cómo en anteriores ocasiones dicha empresa había recibido negativas «rotundas» a sus solicitudes de subvención.
De tener lugar finalmente una sentencia en el sentido que solicita el fiscal, los familiares de los políticos, esto es, el nepotismo económico a gran y pequeña escala tendrán las puertas abiertas en toda España.
Un ejemplo clarificador
En los municipios andaluces, la composición de los tribunales que rigen la admisión de personas para puestos de trabajo en la Administración local están presididos habitualmente por el alcalde de la localidad. Difícilmente podrá demostrarse nunca que el alcalde ha influido en sus concejales, secretario y/o interventor, que componen la mayor parte del jurado, para dar preferencia a un familiar. El fiscal parece creer que cuando se produce un "tráfico de influencias" se hace por escrito y poniendo el carné de identidad como prueba. Si el alcalde, en este caso, no debe abstenerse y ser sustituido por otro jurado, entonces el nepotismo puede convertirse en práctica habitual.
No digamos nada de las demás subvenciones. Ahora, todos los familiares de cualquier político en activo podrá solicitar subvenciones para sus empresas con la convicción de que su "pariente" en el alto cargo podrá concedérselas y además sin riesgo alguno gracias a la jurisprudencia que emanará de una sentencia del Tribunal Supremo.
Con una sentencia así en la mano, ni siquiera Juan Guerra habría sido condenado políticamente por ocupar un despacho en la Delegación del Gobierno ni Alfonso Guerra habría dimitido porque nadie habría podido demostrar que influyó en tal decisión de la Delegación del Gobierno de Sevilla.