L D (Agencias) La providencia, hecha pública este miércoles y firmada por el presidente del Supremo, Francisco José Hernando, y los magistrados Fernando Ledesma y Joaquín Samper, responde a la rendición de cuentas que realizó el ponente de la sentencia de Batasuna-ETA sobre el estado de la ejecución de la liquidación de los bienes propiedad de la formación ilegalizada.
En ese trámite el magistrado Joaquín Samper informó a los otros 15 miembros de la Sala 61 que, al no prorrogar Baltasar Garzón, el embargo de 48 herriko tabernas, éstas podrían tener que haber sido devueltas a Batasuna-ETA.
Por su parte, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ordenó también el martes a la Fiscalía, personada como parte en el procedimiento de ilegalización, que hiciera llegar al Supremo el auto que dictó el pasado viernes en el que ratificaba los embargos y pedía información a los registros de propiedad donde se encuentran inscritas las diferentes herrikos sobre la existencia de algún acto de disposición sobre los mismos.
Las anotaciones realizadas en su día en los registros de propiedad quedaron sin efecto el 29 de abril de 2006, que fue cuando se cumplieron cuatro años de la adopción de esta medida, a pesar de lo cual ningún titular de estos locales ha dispuesto en forma alguna de los locales, según comprobó el propio Garzón el pasado lunes mediante el envío a dichos registros de agentes de la Ertzaintza.
Así lo pone de manifiesto el propio magistrado a través de una nota de prensa en la que califica de "inveraces" y portadoras de "datos inexactos" las informaciones publicadas hoy en medios de prensa sobre este asunto. En dicha nota, señala que la disposición por Batasuna de los citados locales "era imposible" habida cuenta de que tendría que haber sido autorizada por el administrador judicial y por él mismo, además de informada por el Ministerio Fiscal, y "no se ha producido, ni ha habido intención alguna de hacerlo por ninguno de sus titulares, como consta acreditado en la causa al día de la fecha".
De haber intentado los titulares de las "herrikos" disponer de estos establecimientos "se habría incurrido por quien así actuara en los posibles delitos de alzamiento de bienes, quebrantamiento de medidas cautelares reales y colaboración con banda armada", advierte. Por su parte, el portavoz de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Vicente González-Mota, apuntó este miércoles que de haber sabido su departamento que alguien trataba de hacer uso de las "herrikos" embargadas hubiera ejercido las "acciones penales oportunas".
Los embargos no han caducado
Fuentes cercanas al Juzgado explicaron que los embargos decretados en su día por Garzón no han "caducado" en ningún sentido porque fueron acordados en el marco de la investigación penal a Batasuna-ETA "a los efectos de garantizar las responsabilidades pecuniarias o como instrumentos del delito que en su día pudieran declararse en sentencia" y que esta medida sólo tiene repercusión en la jurisdicción penal. Si el Supremo pretendía aplicar esta medida con efectos civiles, según las mismas fuentes, podría decretar un segundo embargo.
En este sentido, fuentes del alto tribunal indicaron que el embargo de Garzón era suficiente para asegurar estos bienes en el procedimiento de liquidación de las propiedades de Batasuna-ETA, en el que aún se está tratando de determinar si estos locales son propiedad de la formación ilegalizada.
El auto de Garzón reconoce que en abril de 2006 quedaron sin efecto las anotaciones en su día ordenadas en los registros de la propiedad que tenían efectos frente a terceros, es decir, que podrían haber repercutido en la información sobre dichos locales que hubieran solicitado, por ejemplo, unos posibles compradores. En dicha fecha, Garzón se encontraba de viaje de estudios en EE.UU. y era sustituido en el Juzgado Central de Instrucción número 5 por el juez Fernando Grande-Marlaska.
Actuación del CGPJ
No obstante, el CGPJ ha abierto una información previa para esclarecer si la actuación de Garzón podría haber provocado la devolución a Batasuna de las herrikos. En el caso de que se vieran indicios de error u olvido por parte de Garzón o Grande-Marlaska, se trasladará el caso a la Comisión Disciplinaria de este órgano, para lo que el Servicio de Inspección dispone de un mes.
La citada información previa puede conducir a la apertura de diligencias informativas, de un expediente sancionador o, incluso, del archivo de las actuaciones, por no tener relevancia disciplinaria los hechos investigados.
Por su parte, Garzón insiste en que los embargos continúan vigentes y que fueron ratificados en su auto del pasado viernes tras "una revisión exhaustiva de la causa" que nada tiene que ver con los trámites que desarrolla el Supremo para la liquidación patrimonial de los bienes de la organización ilegalizada.
Además, el juez ya comunicó "oportunamente" dichos embargos al alto Tribunal en fechas 25 de marzo de 2003, 28 de abril de 2006 y los días 8 y 27 de noviembre de ese mismo año.