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El Supremo considera que faltan indicios para imputar a Trillo en el accidente del Yak-42

La petición tramitada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska para que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la imputación o no del ex ministro de Defensa, Federico Trillo, en la causa sobre las irregularidades en la contratación del accidentado avión Yakolev-42, ha sido rechazada por la Sala de lo Penal del máximo órgano judicial. El Supremo estima que la petición "no resulta procesalmente necesaria" en razón de la falta de indicios contra Trillo.

La petición tramitada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska para que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la imputación o no del ex ministro de Defensa, Federico Trillo, en la causa sobre las irregularidades en la contratación del accidentado avión Yakolev-42, ha sido rechazada por la Sala de lo Penal del máximo órgano judicial. El Supremo estima que la petición "no resulta procesalmente necesaria" en razón de la falta de indicios contra Trillo.
LD (Agencias) Según han informado fuentes judiciales, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado la petición del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska para que ese tribunal se pronunciara sobre la imputación o no del ex ministro de Defensa y diputado del PP Federico Trillo en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación del avión Yakovlev-42.
 
De acuerdo con el escrito del Supremo, la petición de Grande-Marlaska "no resulta procesalmente necesaria" en razón de la falta de indicios invocados contra Trillo por el instructor. La Sala de lo Penal debatió un escrito remitido por el propio juez al alto tribunal en que reconocía que Trillo carece de responsabilidad penal en esta causa, ya que no participó en la contratación del aparato, cuyo siniestro causó la muerte de 62 militares españoles justo hoy hace cinco años.
 
El Supremo recuerda a Grande-Marlaska que le corresponde a él como instructor de ese asunto y no al Tribunal Supremo tener en cuenta tanto la posibilidad de prescripción del delito respecto al aforado (que es de cinco años) como la garantía de dar una respuesta fundada en derecho a las pretensiones sostenidas por las partes. La imputación de Trillo había sido solicitada al juez de la Audiencia Nacional por una asociación de familiares de las víctimas. 

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