L D (EFE) La iniciativa fue rechazada en su "fondo" y en su "forma" por los portavoces de la oposición.
Gracias a los votos del PP, la comisión dio el visto bueno al proyecto, incluido en la Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal que acompaña a la Ley de Arbitraje, y que afectaría, en caso de ser aprobada definitivamente, a la consulta popular anunciada por el lehendakari para la propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi. La reforma, que ahora será debatida en el pleno del Senado y finalmente votada por el Congreso de los Diputados, prevé penas de tres a cinco años de cárcel para quienes incurran en este delito y para quienes destinen fondos públicos para financiar a partidos ilegalizados por su relación con el terrorismo.
Los portavoces de PSOE, CiU, IU, PNV, Entesa Catalana de Progrés y CC coincidieron en denunciar que se haya tramitado a través de una enmienda a una norma "con la que no tiene nada que ver" y criticaron el contenido de la misma, puesto que consideraron que es "innecesaria" y que supone "judicializar" una cuestión política.
Los portavoces de PSOE, CiU, IU, PNV, Entesa Catalana de Progrés y CC coincidieron en denunciar que se haya tramitado a través de una enmienda a una norma "con la que no tiene nada que ver" y criticaron el contenido de la misma, puesto que consideraron que es "innecesaria" y que supone "judicializar" una cuestión política.
Críticas del poder judicial
La reforma también recibió críticas desde el ámbito judicial, donde la asociación Francisco de Vitoria (AJFV) la calificó de "innecesaria y desafortunada" y varios vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lamentaron que este órgano no haya sido emplazado a pronunciarse, como es preceptivo, sobre su contenido.
En este sentido, el secretario de Estado de Justicia, Rafael Catalá, reconoció que "son razonables" las críticas que plantean que el trámite en el Senado "quizás no sea el mejor instrumento para abordar una reforma", y el ministro del Interior, Angel Acebes, señaló que "lo importante en reformas tan importantes es el fondo". Sólo la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, consideró válido el trámite elegido puesto que la Cámara Alta tiene reconocida la iniciativa legislativa, mientras que el portavoz popular en el Parlamento vasco, Jaime Mayor Oreja, se felicitó de que el Ejecutivo "tenga la iniciativa en esta ofensiva tan brutal del nacionalismo".
La reforma también recibió críticas desde el ámbito judicial, donde la asociación Francisco de Vitoria (AJFV) la calificó de "innecesaria y desafortunada" y varios vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lamentaron que este órgano no haya sido emplazado a pronunciarse, como es preceptivo, sobre su contenido.
En este sentido, el secretario de Estado de Justicia, Rafael Catalá, reconoció que "son razonables" las críticas que plantean que el trámite en el Senado "quizás no sea el mejor instrumento para abordar una reforma", y el ministro del Interior, Angel Acebes, señaló que "lo importante en reformas tan importantes es el fondo". Sólo la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, consideró válido el trámite elegido puesto que la Cámara Alta tiene reconocida la iniciativa legislativa, mientras que el portavoz popular en el Parlamento vasco, Jaime Mayor Oreja, se felicitó de que el Ejecutivo "tenga la iniciativa en esta ofensiva tan brutal del nacionalismo".
Gobierno vasco: "Ningún Código Penal va a parar este proyecto"
Por su parte, el consejero vasco de Interior, Javier Balza, dijo que si el Plan Ibarretxe cuenta con el "aval mayoritario" del Parlamento Vasco "ningún artículo del Código Penal va a parar este proyecto", mientras que el movimiento Elkarri anunció movilizaciones sociales frente "al despropósito que supone cambiar las leyes para criminalizar y penalizar judicialmente el debate".
Por su parte, el consejero vasco de Interior, Javier Balza, dijo que si el Plan Ibarretxe cuenta con el "aval mayoritario" del Parlamento Vasco "ningún artículo del Código Penal va a parar este proyecto", mientras que el movimiento Elkarri anunció movilizaciones sociales frente "al despropósito que supone cambiar las leyes para criminalizar y penalizar judicialmente el debate".