L D (Europa Press) Según la citada información, que hace referencia a un compromiso adoptado en febrero de 2006, la organización terrorista asumió "no realizar acciones contra personas y bienes, ni realizar otras actividades de abastecimiento de armas o de explosivos a partir de la declaración de alto el fuego permanente".
Como contrapartida, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero,"aceptó que respetaría las decisiones que sobre el futuro adopten libremente los ciudadanos vascos". "En el citado punto se especifica que el Gobierno español entiende que los acuerdos para ello se alcanzarán entre los partidos políticos vascos, así como entre los agentes sociales económicos y sindicales vascos", decía la información. Precisaba que "los citados acuerdos se refieren al futuro de los ciudadanos de los cuatro herrialdes bajo administración española: Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra".
El mencionado acuerdo acabó desembocando, según el diario Gara, en el alto el fuego permanente anunciado por la banda armada el 22 de marzo. El Gobierno se comprometió en el mismo a ofrecer, además, una serie de garantías para el adecuado desarrollo del proceso político entre las que se encontraban no efectuar detenciones y propiciar la igualdad de condiciones para "todos" en el terreno político.
En cuanto a los arrestos el compromiso especificaba que no serían realizados ni por Guardia Civil, Policía española, Ertzaintza y las policías francesas. Además, otra de las garantías gubernamentales fue la disminución de la presencia policial y la desaparición de "presiones policiales".