Desde hace algunos meses el patrimonio que atesora el presidente del Congreso, José Bono, le ha situado en el ojo del huracán. En 2001, el socialista y su entonces esposa, Ana Rodríguez, soportaban unas deudas bancarias de 417.371,01 euros con unos ingresos que entonces rondaban los 96.000. Ése fue el año en el que constituían la sociedad Hípica Almenara con un capital social de 15.000 euros.
A partir de ahí, el patrimonio de la pareja fue in crescendo. Sin embargo, poco o nada se habló de éste hasta que un diario de tirada nacional comenzó a cuestionar con sus investigaciones la ingente riqueza del socialista. Desde entonces, las denuncias y querellas le han llovido al presidente de la Cámara Baja. A continuación, se detallan los frentes judiciales abiertos en los últimos meses a Bono.
DOS QUERELLAS ARCHIVADAS Y RECURRIDAS EN EL TS: La primera querella llegó en septiembre de 2010. La Asociación de Preeminencia del Derecho, que preside el abogado José Luis Mazón, acusó al presidente del Congreso de un delito de cohecho por "la permuta entre bienes inmuebles y el regalo de la inmobiliaria Reyal Urbis" por la decoración de su casa de Olías del Rey que llevó a cabo su amigo y dueño de la promotora, Rafael Santamaría. En realidad, la asociación de Panea presentó una denuncia contra José Bono que transformó posteriormente en una querella por cohecho, a la que se sumó la presentada por "Ciudadanía anticorrupción".
La Fiscalía pidió el archivo de ambas al entender que los hechos no eran constitutivos de delito. El sobreseimiento tardó poco en llegar. En diciembre de 2010, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archivó las querellas al entender que las consideraciones incluidas en la misma en relación al patrimonio familiar y personal del presidente de la Cámara Baja son opiniones personales del querellante que "carecen de indicio objetivo de comisión de delito y que no pueden justificar una investigación penal".
No obstante, la Asociación Preeminencia del Derecho recurrió en súplica el auto del Alto Tribunal en el que se archivaban las dos querellas citadas con anterioridad. Los denunciantes entienden que Bono permutó un piso de Madrid por dos áticos de Estepona (Málaga) con la promotora Royal Urbis, lo que le habría supuesto "un beneficio o dádiva de 170.000 euros". La asociación recurrente argumentó en su recurso que el Supremo no había respetado la jurisprudencia sobre el delito de cohecho que aplicó el Supremo al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, porque en el caso de Bono no considera que hubiera recibido los regalos "en atención a su cargo". El Alto Tribunal todavía no ha resuelto dicho recurso.
OTRA QUERELLA PENDIENTE EN EL SUPREMO: Por otro lado, Bono tiene desde el pasado 9 de febrero otra querella interpuesta ante la última instancia judicial española. La Asociación Justitia et Veritas, bajo la dirección letrada del ex-diputado del PP Jaime Ignacio del Burgo, presentó ante la Sala Segunda del TS una querella contra el socialista por los delitos de cohecho continuado, falsificación de documentos públicos y posible fraude fiscal. La querella se dirige también contra su exesposa Ana Rodríguez como cooperadora necesaria.
En el texto de la querella, la Asociación Justitia et Veritas aporta un análisis de las declaraciones patrimoniales y de actividades del ex-presidente de Castilla-La Mancha; de sus ingresos y los de su esposa desde el año 1995; de sus bienes inmuebles; de sus actividades empresariales y del estado de su patrimonio. De ese análisis se desprende, a juicio de los querellantes, que las actividades inmobiliarias reales de José Bono no se corresponden con las declaraciones de actividades; que sus ingresos desde 1995 no justifican el notable incremento de su patrimonio y que José Bono podría haber violado la Ley de Incompatibilidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que dispone que el cargo de presidente de la Junta "es incompatible... con toda actividad profesional o mercantil". El TS debe pronunciarse ahora sobre si admite a trámite o rechaza dicha acción judicial.
UNA INVESTICACIÓN ABIERTA EN UN JUZGADO DE TOLEDO: El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Toledo admitió a trámite este mes de febrero una querella contra cuatro administradores de la Hípica Almenara, propiedad de la familia del presidente del Congreso de los Diputados por presuntos delito societario y falseamiento de cuentas anuales.
En el auto del magistrado se concretaba que el objetivo de la investigación era "verificar" los hechos denunciados ya que, "a priori, no se puede excluir el carácter delictivo de las conductas atribuidas a los querellados".
Por primera vez, un juez señaló que, además de un perjuicio por presunto falseamiento de las cuentas a los socios de la hípica, este caso "atañe a la transparencia que debe imperar en toda sociedad democrática en tanto en cuanto el socio mayoritario de Hípica Almenara es actualmente un alto dignatario de Estado".
El juez aceptaba así a trámite esta cuarta querella contra Bono en contra del criterio de la Fiscalía, que sigue sin ver delito detrás de la riqueza del socialista.