El quién es quien de la trama Gürtel

El escándalo del caso Gürtel, con sus primeras implicaciones políticas, arrancó en febrero de 2009 a partir de la denuncia del ex concejal del PP en Majadahonda José Luis Peña. Ese fue el arranque de las investigaciones, y continuas filtraciones, desde el juzgado de Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional. El caso salpicó a políticos aforados, con lo que se tuvo que dividir en tres partes.

MADRID

El caso afectaba a diputados de la Asamblea de Madrid, motivo por el cual esta parte del sumario acabó en manos del TSJM. Pero también resultaron implicados alcaldes, concejales e incluso un cargo del Ayuntamiento de la capital. Esperanza Aguirre decidió expulsar del partido en la Comunidad a todos los imputados. Los diputados autonómicos, sin embargo, conservan su acta aunque ahora se encuentran en el grupo mixto. Estos son los principales nombres de la ramificación del caso Gürtel en la Comunidad de Madrid.

Diputados autonómicos

Alberto López Viejo: además de diputado autonómico, era consejero de Deportes del Gobierno de Esperanza Aguirre hasta que dimitió del cargo el 9 de febrero de 2009. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le imputó en mayo los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad, y le impuso una fianza de 750.000 euros. El papel del ex consejero del Gobierno en la trama consistía, según los autos dictados por el juez Garzón, en la adjudicación directa de contratos a las sociedades de Correa a cambio de dinero.

Benjamín Martín Vasco: Está imputado de los mismos delitos que Alberto López Viejo. El 5 de mayo de 2010 el juez Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, le impuso una fianza de 955.000 euros. Según el auto de inhibición del juez Baltasar Garzón, Martín Vasco se dedicaba a la intermediación para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos en el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) para Martinsa, una de las sociedades vinculadas a la supuesta trama de corrupción de Francisco Correa, de la que presuntamente podría haber recibido 437.176 euros.

Alfonso Bosch:  imputado por delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Según los autos dictados por Garzón, Bosch -hasta hacía poco gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte- era "una persona próxima a Correa", quien le habría pagado por mediar para que la constructora Hispánica obtuviera la adjudicación del proyecto para la construcción de una ciudad deportiva en ese municipio. En noviembre de 2009, el juez le impuso una fianza de 750.000 euros. Al no satisfacerla se procedió al embargo de sus bienes.

Alcaldes

Arturo González Panero: alcalde de Boadilla del Campo hasta su dimisión el 9 de febrero de 2009. El 8 de octubre fue conminado a abandonar el Grupo Popular en el Ayuntamiento y el 13 de octubre el Grupo Municipal decidió su expulsión. Mantiene su acta de concejal. Se encuentra en libertad bajo fianza de 1.800.000 euros, la más alta impuesta hasta ahora.

Guillermo Ortega, fue alcalde Majadahonda (Madrid) entre 2002-2005. El 9 del febrero de 2009 abandonó su cargo al frente del Mercado de Puerta de Toledo de la capital. Se encuentra en libertad sin fianza.

Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo (Madrid) hasta su dimisión el 6 de marzo de 2009. El 8 de octubre abandonó el Grupo Popular en el Ayuntamiento, y un día después renunció a su acta de concejal. Se encuentra en libertad sin fianza. Su condición de ex marido de Ana Mato hizo que el escándalo salpicara también a la vicesecretaria de Organización del PP.

Ginés López, era alcalde de Arganda del Rey (Madrid). Dimitió como tal el 6 de marzo de 2009. En noviembre de 2009, el juez instructor del Tribunal Ssuperior de Justicia de Madrid le impuso una fianza de 1.500.000 euros.

Otros cargos:

• Tomás Martín Morales: era vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid). Dimitió del cargo el pasado 6 de marzo. En diciembre de 2009, el juez le impuso una fianza de 1.500.000 euros.

• José Javier Nombela: era asesor del PP en el distrito madrileño de Moncloa. El 20 de febrero, fue destituido por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Se encuentra en libertad sin fianza.

• José Galeote: fue concejal del PP en Boadilla del Monte (Madrid) entre 2002 y 2004. El 9 de marzo de 2009 cesó como consejero de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de este municipio. Se encuentra en libertad bajo fianza de un millón de euros.

• Yolanda Estrada: concejal de Presidencia y Mujer del Ayuntamiento de Pozuelo. El 12 de enero de 2010 aceptó la dimisión del cargo. Se encuentra en libertad sin fianza.

 NIVEL NACIONAL

La otra ramificación del caso Gürtel es la investigación que está en manos del Supremo referido a los cargos aforados del PP Luis Bárcenas, senador, y Jesús Merino, diputado nacional. En junio se encontraron indicios suficientes de delito que llevaron al instructor a trasladar el caso al Alto Tribunal.
 

Luis Bárcenas: con la imputación de los dos parlamentarios, y en particular de Bárcenas, el caso salpicaba de lleno a Génova. En el sumario ya se hablaba de él en marzo, pero no fue hasta junio cuando el caso pasó definitivamente al Supremo. Bárcenas era también tesorero del PP, cargo que finalmente dejó en junio, días antes de ser imputado, tras resistirse a ello durante semanas. En septiembre de 2011, el juez ha decidido archivar el caso de forma provisional.

Jesús Merino: también en junio de 2009 su caso fue elevado al Tribunal Supremo, que decidió que existían indicios "suficientes" para investigarlo por un delito de cohecho. El 23 de julio compareció en el Tribunal Supremo en calidad de imputado provisional y el día 29 el Alto Tribunal acordó elevar al Congreso de los Diputados el suplicatorio para seguir investigándole.

Con motivo de la investigación, dejó su cargo como miembro de la dirección del grupo popular en el Congresode los Diputadospero mantiene su acta de diputado del PP.
 

VALENCIA

Es en la Comunidad Valenciana donde la trama Gürtel tocó a las más altas autoridades autonómicas y del PP de esa comunidad. Los imputados fueron el propio presidente Francisco Camps se vio salpicado por los famosos trajes regalados por Álvaro Pérez "El Bigotes", el hombre de Correa en la región, que operaba con la empresa Orange Market. Además del portavoz del PP en Las Cortes Valencianas y secretario general del PPCV, Ricardo Costa; al ex vicepresidente de la Generalidad Víctor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobreseyó las causas contra todos ellos.   

Francisco Camps: El presidente de la Generalidad valenciana fue investigado por un delito de cohecho pasivo impropio. Según las investigaciones desarrolladas por el juez Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del TSJCV, Camps adquirió trajes por 12.783 euros pagados por Orange Market –una de las empresas de la trama supuestamente dirigida por Correa–, a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad, desde 2005 a 2009, por valor de unos cuatro millones de euros. Camps declaró ante el juez instructor José Flors que "siempre pagó al contado y de su bolsillo los trajes", aunque no aportó factura alguna. El juez no decretó ninguna medida cautelar contra él. El 3 de agosto, el TSJCV archivó el caso al estimar que no había relación entre los "agasajos" que pudo recibir y las adjudicaciones de contratos públicos a Orange Market. La decisión, que contó con el voto particular de uno de los magistrados, fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV-PSOE. Camps sigue siendo el presidente de la Generalidad y del PP valenciano, aunque su relación con Rajoy se ha deteriorado sensiblemente. El líder del PP optó inicialmente por mostrar un respaldo incondicional a Francisco Camps. Tanto es así, que en un acto masivo en la plaza de toros de Valencia ante 25.000 personas, el 2 de junio, Rajoy promete apoyar siempre a Camps, y en cierto modo vincula su futuro político al del presidente valenciano. Las cosas se empiezan a complicar con la publicación del informe policial en el que se apunta a una presunta financiación ilegal del PP valenciano. Desde Génova se exige la cabeza de Ricardo Costa y Camps se resiste. El 30 de septiembre, se produce una cumbre secreta entre Rajoy y Camps, a medio camino entre Madrid y Valencia, en el parador de Alarcón (Cuenca), para tratar de reconducir la situación. Pero Rajoy confirma a sus más allegados que ha perdido su confianza en el presidente valenciano, aunque no ha tomado ninguna medida contra él.

Ricardo Costa: Ex secretario del PP de Valencia y ex portavoz de este grupo en Las Cortes Valencianas. El juez instructor decidió no tomar ninguna medida cautelar sobre él, tras declarar como imputado el 19 de mayo. El juez Garzón le acusaba de adquirir trajes en varias tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros pagados también por empresas de Correa. Costa alegó sin embargo que su actividad pública fue posterior a la adquisición de los trajes. El 3 de agosto, el TSJCV archivó igualmente la causa contra él, pero la decisión ha sido recurrida. El 13 de octubre, el Comité Ejecutivo Regional decidió aceptar que dejara temporalmente sus funciones como secretario regional mientras se desarrollaba una investigación sobre su gestión al frente del partido en la Comunidad Valenciana. Horas después, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, confirmó sin embargo que Costa estaba suspendido en sus cargos, y ya el día 14, fue sustituido por César Augusto Asencio como secretario general del PPCV y por Rafael Maluenda en la portavocía del grupo popular en Las Cortes Valencianas. El 25 de marzo de 2010, el PP mantuvo la sanción de un año sin militancia a Costa. Costa se siente engañado por Camps que mientras a él le dice que su suspensión es temporal a Génova le dice que le ha cesado. Finalmente el 29 de octubre, la dirección nacional del PP suspende cautelarmente de militancia a Ricardo Costa, después de que este declarase que seguía siendo el secretario general del PPCV. Ya en 2010, el 28 de enero, el Comité de Derechos y Garantías del PP propone sancionar con un año de suspensión de militancia a Ricardo Costa, por su presunta implicación en el caso. Sanción que ha sido confirmada recientemente.

Víctor Campos, ex vicepresidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Valenciana y ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, fueron los otros imputados en la rama valenciana del Gürtel, en la misma causa que Camps y Costa, que fue archivada por el TSJCV el 3 de agosto. 
 

LOS INTEGRANTES DE LA TRAMA CORRUPTA

Francisco Correa: Es el cabecilla del entramado corrupto y actualmente está en prisión. Consiguió infiltrarse en el Partido Popular y ganarse su confianza para conseguir contratos para sus empresas de organización de eventos a cambio de diversas dádivas. El juez Garzón le acusaba, en su auto de prisión, de dirigir “un grupo organizado de personas empresas que llevaba diez años repartiendo “sobornos” a diversos cargos para obtener negocios.El juez Pedreira le ha solicitado una finaza de 85 millones de euros en concepto de responsabilidad civil para hacer frente a las elevadas responsabilidades pecuniarias que podrían derivarse de los delitos contra la Hacienda Pública descubiertos entre 2002 y 2007 por parte de los dirigentes de la trama.

Pablo Crespo: ex secretario de Organización del PP gallego hasta 1999. Era considerado el número dos de Correa. También sigue en prisión.

Álvaro Pérez, “El Bigotes”: Es la persona de la trama corrupta en Valencia. Era el responsable de Orange Market, una de las empresas sospechosas de organizar actos para el partido a cambio de favores a políticos. Fue esta empresa la que supuestamente pagó los trajes a Francisco Camps y concedió otros agasajos a dirigentes del PP valenciano, como Ricardo Costa. El juez Pedreira le ha impuesto una fianza de 650.000 euros en concepto de responsabilidad civil para hacer frente a las responsabilidades derivadas de sus delitos fiscales. 

Antoine Sánchez: primo de Correa y su supuesto testaferro. Está en libertad bajo fianza de 600.000 euros.