(Libertad Digital) En una rueda de prensa celebrada en la sede socialista de la calle Ferraz, en Madrid, los miembros de la Ejecutiva socialista Diego López Garrido y Juan Fernando López Aguilar han explicado que la querella, presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también se dirige contra los dos empresarios de la construcción presuntamente implicados en esta trama, Francisco Bravo y Francisco Vázquez, y José Luis Balbás, líder de la corriente socialista de los “Renovadores por la base”. El PSOE acusa a todos ellos de un delito de "cohecho continuado", penado con hasta cuatro años de prisión.
Pero en el caso de Eduardo Tamayo y Maite Sáez, que aún no han recogido sus actas de diputados, si un Juzgado admite a trámite la querella del PSOE podrían quedarse sin ellas, ya que la querella pide la "suspensión cautelar" de los diputados electos para evitar el "delito continuado de cohecho" del que se les acusa. Según explicó López Garrido, también se solicitan estas medidas cautelares "para que la voluntad de los madrileños sea respetada" y que no se consume el deseo de los dos diputados disidentes , "que quieren que no haya un gobierno de progreso en la Comunidad de Madrid".
Además, el PSOE también solicita que se ordene prisión, bajo fianza de un millón de euros, contra Tamayo y Sáez, a fin de que "se impida la destrucción de pruebas", según López Garrido, que podrían ser "necesarias" para la instrucción de la causa si es admitida a trámite la querella.
Pero en el caso de Eduardo Tamayo y Maite Sáez, que aún no han recogido sus actas de diputados, si un Juzgado admite a trámite la querella del PSOE podrían quedarse sin ellas, ya que la querella pide la "suspensión cautelar" de los diputados electos para evitar el "delito continuado de cohecho" del que se les acusa. Según explicó López Garrido, también se solicitan estas medidas cautelares "para que la voluntad de los madrileños sea respetada" y que no se consume el deseo de los dos diputados disidentes , "que quieren que no haya un gobierno de progreso en la Comunidad de Madrid".
Además, el PSOE también solicita que se ordene prisión, bajo fianza de un millón de euros, contra Tamayo y Sáez, a fin de que "se impida la destrucción de pruebas", según López Garrido, que podrían ser "necesarias" para la instrucción de la causa si es admitida a trámite la querella.