El PSOE insiste en convertir en Ley su versión de la Memoria Histórica de España

El portavoz de Justicia del PP,Manuel Atencia, argumentó durante su turno la enmienda de devolución de la iniciativa emprendida por su partido "con la tranquilidad y la autoridad hablar en nombre de un grupo que no tiene más pasado y más herencia que la Transición y la Democracia". El diputado recalcó la "contradicción" e "hipocresía" en la que se incurre al pretender la superación de viejas heridas "removiendo el barro" a través de un proyecto que "disfraza de iniciativa de concordia lo que no es más que un paso adelante en el proceso de ruptura del pacto de convivencia".

A su juicio, además, es "innecesario", porque los sucesivos gobiernos democráticos han adoptado "numerosas iniciativas a favor de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura", la último de ellas la resolución unánime que aprobó el Congreso el 20 de noviembre de 2002. De hecho, acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "traicionar al PSOE y a sí mismo", por haber "roto" con la "reconciliación" que han defendido en el pasado tanto él mismo como líderes de la izquierda, entre ellos Felipe González o Javier Solana.

"Lo que se quiere es hacer revisionismo de nuestra historia, en vez de asumirla", afirmó Atencia, para quien el Gobierno intenta "imponer la verdad oficial" y "falsa" de que "hay vicios de origen" en la Transición, y de que la legitimidad de la actual Democracia está en la II República, en lugar de en la Constitución de 1978. Según el PP, el planteamiento que subyace en el proyecto es "legislar la memoria", un "grave error" que a su juicio "no sintoniza con los anhelos y sentimientos de la mayoría de la sociedad", ya que "la concordia no se estimula recuperando memorias parciales y apoyando procesos revisionistas".La Ley tampoco ha gustado entre los socios del Gobierno. Los portavoces de ERC,Joan Tardá, e IU-ICV,Joan Herrera, le reclamaron que rectifique el proyecto de ley para que no frustre las "esperanzas" de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista. Tardá aseguró que la iniciativa aprobada por el Gobierno ha provocado "una amarga decepción" en las asociaciones de víctimas ya que, entre otras cuestiones, no contempla la anulación de los llamados juicios sumarísimos. Incluso la ha calificado de "una humillación a las víctimas" tras acusar al Ejecutivo de "sucumbir" a las presiones de las "altas esferas" de las Fuerzas Armadas y la judicatura.

Por su parte, Joan Herrera criticó la "equidistancia" del proyecto de ley del Gobierno que equipara a "víctimas con verdugos". Para Herrera, "el colmo de la frustración" es la anulación únicamente simbólica de los llamados juicios sumarísimos porque "se ha negado, ya no sólo la posibilidad de condenar a nuestros "pinochets", sino incluso la posibilidad de anular las sentencias de nuestra represión".

El mismo día del debate de este proyecto del Gobierno, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha presentado una denuncia ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la que pide que se investigue la desaparición de unas 30.000 personas durante los años de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Según explicó Fernando Magán, abogado de la asociación, que agrupa a familiares de desaparecidos durante este periodo, éstos han decidido acudir a la vía judicial debido a que este asunto "que lleva latente desde hace cinco años, no está teniendo la acogida que merecería de las instituciones públicas", ni siquiera en la Ley de Memoria Histórica. Magán expresó la decepción de la asociación a la que representa por la falta de atención de las instituciones y dijo que la Ley que se debate hoy ha defraudado sus expectativas.