
"El Consejo ha defraudado la confianza de muchos de los parlamentarios que le han elegido", subrayó el también presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Además, Cuesta aseguró que con su resolución el CGPJ, que el pasado martes confirmó la multa de 1.500 euros que impuso al juez Tirado por el retraso en la ejecución de una condena por abusos contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, ha demostrado "ser rehén de la asociaciones judiciales y del corporativismo" y afirmó que "parece un órgano subordinado a las asociaciones judiciales y ha olvidado que su legitimidad proviene del Parlamento y de la Constitución".
"Las asociaciones judiciales y el Consejo han demostrado que están asustados por la amenaza de huelga de un sector de la judicatura y que están más preocupados por su implantación asociativa que por la imagen de la Justicia", destacó.
"Miedo con su resolución"
El dirigente socialista, que indicó que el CGPJ "ha transmitido miedo con su resolución", recordó también que desde su elección parlamentaria en septiembre de este año, el consejo "aún no ha comparecido ante el Parlamento" para explicar las memorias del Poder Judicial y las líneas básicas de su mandato.
Además, Cuesta consideró que "es urgente" que el Grupo Socialista solicite la comparecencia del presidente del CGPJ, Carlos Dívar, en el Parlamento para que explique las razones de su política disciplinaria y de inspección de tribunales. Por ello, el PSOE ya ha registrado en el Congreso su petición de comparecencia. En este sentido recordó la necesidad de emprender "urgentes reformas en materia de organización de tribunales, de su funcionamiento, así como del propio Consejo General del Poder Judicial".
Por su parte, el secretario federal de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, ha declarado este viernes en RNE que no existe injerencia en el poder judicial con la decisión de su partido de promover una modificación de la normativa sobre el régimen disciplinario de los jueces. dicha medida fue propuesta ipso-facto por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al conocer la decisión del Consejo de mantener la multa de 1.500 euros a Tirado.