L D (Europa Press) El secretario ejecutivo de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, considera que promover una huelga de jueces para el próximo 10 de febrero es "incurrir en actitudes irresponsables y antisistema" y, además, está convencido de que la amenaza de paros pesó en el ánimo de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que decidieron mantener la sanción de 1.500 euros al juez Rafael Tirado.
En una entrevista con Europa Press, el dirigente socialista se refería así a la decisión del CGPJ de mantener una multa de 1.500 euros como sanción al juez Rafael Tirado, responsable del juzgado sevillano que no ejecutó la pena de prisión por pederastia dictada en 2002 contra Santiago del Valle. Del Valle siguió en libertad y presuntamente asesinó a la niña de Huelva Mari Luz Cortés a principios de 2008.
La huelga es un "disparate, una irresponsabilidad"
"En la famosa decisión que tanto nos ha escandalizado subyacía también un cierto pánico a los movimientos subterráneos de algunos sectores de la judicatura amenazando con una huelga. Creo que (los vocales) han sido débiles en su resolución porque han sido permeables a la amenaza", manifestó.
Además, subrayó que las asociaciones judiciales "tampoco controlan" el movimiento que está a favor de la huelga, "demuestran que tienen un cierto miedo y son reacias a exigir una responsabilidad en esta materia". Las asociaciones judiciales se reúnen el lunes para analizar las reivindicaciones de los jueces ante la posible convocatoria de huelga.
Un Juez no tiene derecho de huelga
Cuesta opinó que aunque "el tema es jurídicamente discutible, un juez no tiene derecho de huelga" en su labor de poder judicial, de "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado". "Yo entendería que el mismo día de la huelga, muchos ciudadanos, que no entenderían esa huelga, se manifestaran en contra ante muchos juzgados de este país. Lo entendería porque es un disparate, una irresponsabilidad", añadió. A su juicio, "es tan evidente la actitud antisistema de quien reivindica el derecho de huelga del juez y el magistrado que se descalifica por sí misma".
Reunión secreta de los jueces
Las declaraciones de Cuestan coinciden con la publicación en El País de la reunión secreta de Jueces decanos en los juzgados de plaza de Castilla, en Madrid, para unificar criterios u consensuar el orden del día de cara a lo que el diario califica como el "paro encubierto" –las juntas del 21 de enero-, en el que se decidirá si anuncia la huelga en toda regla del próximo 18 de febrero. Las razones, la "injerencia del Gobierno en el caso Mari Luz, la politización del Consejo y la falta de juzgados".
La reunión extraoficial, celebrada según El País en fin de semana para evitar acusaciones de dejación de funciones, fue pagada por los jueces de sus propios bolsillos, y fue convocada y alentada a través de la web reservada para ellos habilitada por el Poder Judicial.
Desde el Ministerio de Justicia se coincide con Cuesta, y se considera que el derecho a la huelga de los jueces está vetado al ser "el tercer poder del Estado". Desde el CGPJ se han lanzado advertencias de responsabilidades disciplinarias.
Es por ello que Cuesta opinó que no es deseable aclarar por ley "si un juez se puede poner en huelga, o un diputado, o una senadora, o un director general o un gestor de la empresa pública".
Así, hizo un "llamamiento a la cordura y al diálogo" para resolver los problemas de la justicia y calificó de "movimiento antisistema" que se promueva una huelga justamente "en el momento de mayor inversión en materia de justicia" y "cuando el horizonte es de esperanza, de modernización y de superar los problemas".
"¿Por qué no se protestó antes? ¿Es que estamos ante una concepción partidaria, sectaria? ¿Ante una insurrección contra las instituciones legítimas?" se preguntó.
"Debilidad" de parte del CGPJ
Por otro lado, a raíz de la decisión sobre el juez Tirado, Cuesta expresó su opinión "personal" de que "el actual modelo de elección del CGPJ debería reconsiderarse" porque esa sanción al juez Tirado, que calificó de "gran escándalo público", ha demostrado que "una parte sustancial del CGPJ es rehén de las asociaciones judiciales" y ha demostrado "una debilidad extrema y una dependencia extrema" respecto de las asociaciones.
En su opinión, todos los vocales del CGPJ deberían tener muy claro que lo son "por voluntad soberana del Congreso y del Senado". "Si no se entiende así, si sigue una actitud de excesiva dependencia y de falta de entidad propia respecto de las asociaciones judiciales sería razonable cuestionarse el actual modelo del CGPJ", añadió el diputado, aunque dejó claro que esa es su opinión personal.
No obstante, el PSOE sí llevaba en su programa una reforma del CGPJ para que éste cese automáticamente si ha vencido su mandato se produce un bloqueo en su renovación. Cuesta precisó que esta iniciativa "no es una prioridad en el tiempo" pero sí está contemplada "a lo largo de la legislatura".
La comparecencia de Dívar
Asimismo, se mostró convencido de que el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, comparecerá ante el Congreso de los Diputados --como ha solicitado el PSOE-- y recordó que en todo caso "por ley está obligado a comparecer" para presentar la Memoria del CGPJ.
Así, defendió que pedir a Dívar que hable de "los criterios" que llevaron al CGPJ a "tomar la decisión que tomó" en el caso 'Mari Luz' "es tanto como pedirle explicaciones de cuáles son sus criterios en materia de régimen disciplinario". "No estamos planteando nada extraño", argumentó. Para Cuesta, el anterior CGPJ demostró "una distancia considerable con la ciudadanía" y el nuevo CGPJ, con su decisión sobre el juez Tirado, "empieza en una línea de continuidad y por tanto defrauda las expectativas de cambio y las ilusiones que se pusieron en él por parte de los parlamentarios".