(Libertad Digital) La Ejecutiva Federal socialista decidió el 21 de julio de 2001 disolver el Comité Local de Sestao por no mantener la disciplina interna del partido y nombró una gestora. Tras esta decisión, dieciocho de los miembros del Comité Local demandaron al PSOE ante un juzgado de Baracaldo, que admitió a trámite la demanda. La disolución del grupo finalizó con la ruptura del pacto de Gobierno PSOE-PP en el Ayuntamiento de Sestao.
Esta semana, el Juzgado de Baracaldo ha decretado la nulidad de la decisión tomada por la Ejecutiva socialista en julio de 2001 por la que decretaba la disolución del comité local de la agrupación socialista de Sestao y su relevo por una gestora. Asimismo, decreta como nulas las decisiones que no admitieron los recursos de los miembros de la agrupación. La sentencia ordena la restitución de sus miembros en los cargos que en aquél momento desempeñaban en el comité y "condena al PSOE a realizar cuantas gestiones fueren precisas para conseguir el total cumplimiento de lo expresado y, en particular a reponer al Comité Local de su Agrupación Local de Sestao en el pleno ejercicio de las funciones que tienen encomendadas estatutariamente". Las costas del juicio las pagará el PSOE.
El Comité Local disuelto apoyaba la línea defendida por Nicolás Redondo Terreros y propició el pacto con el PP para gobernar en el Ayuntamiento de esta localidad vizcaína. Marcos Merino –vicesecretario general del PSE-EE entre 1989 y 1994 y miembro del comité local– mantuvo durante meses un enfrentamiento con el alcalde de la localidad, el también socialista Segundo Calleja –opuesto a esas tesis–, que supuso la dimisión de uno de los concejales del PSE-EE, Pedro Pablo Sáinz, y el paso al Grupo Mixto de otro, Txema Rodríguez. La decisión de Txema Rodríguez dejó en minoría al equipo de gobierno, formado por PSE y PP. La gestora nombrada por la Ejecutiva de Zapatero negoció, sin embargo, un acuerdo con el PNV. Estas eran las dos tesis que imperaban en el PSOE desde el cese de Redondo y el nombramiento de Patxi López.
Pero la Ejecutiva de Zapatero prosiguió su "cacería", como la calificaron los propios afectados. El 4 de marzo de 2002 el PSOE decidió suspender de militancia y abrir un expediente disciplinario a los 18 miembros de este localidad vizcaína que recurrieron ante los tribunales ordinarios la disolución del Comité Local del que formaban parte. El 29 de julio del mismo año, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Baracaldo emitió un auto por el que dejaba sin efecto la sanción de expulsión y ordenaba su reincorporación a dicho partido con todo los derechos que les corresponde como afiliados. El PSOE desoyó constantemente estos requerimientos.
La Ejecutiva Federal del PSOE había acordado en enero suspender de militancia a esas 18 personas y abrirles un expediente disciplinario que concluyó dos meses después en expulsión. En esa fecha, y tras conocer la apertura del expediente, José Luis Marcos Merino, denunció que la actuación de la ejecutiva "tiene como único objetivo descabezar la agrupación socialista de Sestao, que por sí sola aporta 22 delegados al Congreso, y así impedir que podamos ganar la asamblea y participar en el próximo congreso del PSE" para defender allí las tesis y el proyecto político de Nicolás Redondo.
Los demandantes que ahora tendrán que ser restituidos en sus cargos son: Alfonso Tapia Tejero, María José Rodríguez Becerra, José Luis Marcos Merino, José Ignacio Alonso Pérez, José Ramón Gómez Armesto, Santiago Llanos García, Francisco Gamis Ruiz, Antonio González León, Almudena Tomé Ruiz, María Fe Rodríguez Alaminos, Clara Isabel Fernández Calvo, Jesús María Ruiz Aguirre, Paulino Antuñano Maruri, María Victoria Talavera Pérez, Yolanda Rodríguez Alaminos, Mónica García Meire, David Salso de Domingo y Yolanda Rodríguez Becerra.