El PSOE, "asfixiado" por su propia reforma legal en la renovación del Constitucional

LD (A. Martialay) Tras la polémica sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), muerte de Montesquieu mediante, es el turno del Tribunal Constitucional. Las ocho de la tarde del próximo lunes 29 es el plazo dado por Senado para que las comunidades autónomas presenten a sus candidatos a magistrados del intérprete supremo de la Constitución.

Tras la modificación Ley Orgánica Tribunal Constitucional en 2007, llevada a cabo a instancias del PSOE, y que el PP recurrió sin éxito, el sistema de renovación de los nuevos miembros ha cambiado. Ahora, según enuncia la enmienda los magistrados propuestos por el Senado "serán elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara", es decir, que los candidatos llegan al Senado a través de los parlamentos autonómicos.

Estos tienen la libertad para proponer "entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional" a quienes quieran, así como repetir dichas propuestas en diferentes parlamentos autonómicos, sin perjuicio alguno, siempre que los candidatos cumplan dichos requisitos.

En esta ocasión se deben sustituir cuatro integrantes del TC. Debido al criterio de proporcionalidad, el PP puede elegir a dos y el PSOE a otros dos, previsiblemente dos conservadores y dos progresistas, respectivamente, además de al sustituto del fallecido Roberto García Calvo, que lo elegirá el Congreso mediante otro proceso. Los magistrados que abandonarán el TC son su presidenta, María Emilia Casas, el catedrático y vicepresidente del Tribunal, Guillermo Jiménez, el letrado del Consejo de Estado, Jorge Rodríguez Zapata, y el magistrado del Supremo, Vicente Conde.

El PSOE asfixiado con su propia enmienda

A pesar de que se ambos partidos están siguiendo rigurosamente los procedimientos legales, la trifulca está servida. El motivo es que los populares han decidido que sus cámaras parlamentarias propongan como candidatos al ex presidente del Supremo, Francisco José Hernando, y al ex portavoz del CGPJ, Enrique López, exclusivamente. Este hecho ha enfadado y desconcertado a los socialistas que ven como su propia enmienda se vuelve contra ellos y podría llevar al Constitucional a personas críticas con el Gobierno de Zapatero y contrarias al Estatuto Catalán, cuyo fallo debe dictar el tribunal renovado en los próximos meses.

López ha declarado a Libertad Digital que "se mantiene al margen", "guarda una escrupulosa distancia" respecto al proceso de elección y que no va a comentar una cuestión que está "en manos de los parlamentos autonómicos".

El PSOE considera inaceptables a estos candidatos, pero ha evitado precisar explícitamente si vetará sus nombramientos cuando ambas propuestas lleguen al Senado. Sin embargo, la realidad demuestra que Hernando y López están siendo elegidos candidatos en la mayoría de los parlamentos autonómicos, previo pacto PP-PSOE. Así, una vez destapada la estrategia que están siguiendo los populares, en las filas socialistas  se palpa el malestar y se piensa en "bloquear" la renovación del órgano encargo de velar el cumplimiento de la Constitución.

PSOE y PP obligados a pactar

Las acusaciones entre unos y otros ya han comenzado. El ministro de Justicia destapó la caja de los truenos con una declaraciones en la Cadena Ser en las que dijo que las propuestas populares van en contra del "espíritu de la ley, que es ampliar el abanico de la oferta". Como respuesta, María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, subrayó que ellos están cumpliendo la ley y que "si al Partido Socialista no le gustan nuestras propuestas lo tendrá que resolver el Partido Socialista internamente", porque "no tenemos ningún problema ni ningún desacuerdo".

Tras recibir las candidaturas, la Mesa del Senado deberá acordar un calendario que arrancará con la convocatoria de la Comisión de Nombramientos. Dicha comisión debatirá la idoneidad de los aspirantes, quienes posteriormente se someterán a votación en el pleno del Senado, en la que tendrán que obtener una mayoría de tres quintos para convertirse finalmente en los magistrados designados por la Cámara, lo que obliga a un pacto PP- PSOE.

En el caso de que ninguno de los presentados obtuviera esta mayoría o la comisión estimara que no reúnen los requisitos, el reglamento de la Cámara prevé que los grupos parlamentarios del Senado formulen sus propuestas.