El presidente del tribunal deja en evidencia a los policías del caso Bono que confiesan retoques en las diligencias

L D (Agencias) El presidente del tribunal, Manuel Hidalgo, que juzga a los tres policías acusados de detención ilegal de dos militantes del PP por una supuesta agresión al ex ministro de Defensa, José Bono, puso de manifiesto, en la primera sesión del juicio graves irregularidades en la investigación. 

 

El magistrado destacó el hecho de que los policías presentes en la manifestación declararan "compareciendo ante sí mismos" como instructor y secretario en las diligencias, error que fue subsanado tres días más tarde aunque utilizando la fecha de los incidentes.

 

Al ser interrogado por el juez, el tercero de los acusados, un funcionario del grupo de investigación de los GRAPO que actuó como secretario de las declaraciones de los militantes del PP, admitió estas irregularidades. Dijo que los militantes del PP fueron citados como imputados no detenidos y que en la diligencia repetida para subsanar el error de los "comparecientes ante sí mismos" se puso la fecha del 22 de enero en vez del 25, ya que de otro modo "no se entendería" la secuencia de las actuaciones.

 

Ésto explica que la supuesta agresión al escolta del ex ministro aparezca en las diligencias con fecha del 22 de enero cuando el parte médico se realizó el día 24, dos días después de la manifestación, y no fue conocido por los policías hasta un día después, el 25, precisamente el día que corregieron el error de "comparecientes ante sí mismos". El magistrado, Manuel Hidalgo recordó también que este hecho –la supuesta agresión al escolta de Bono­– no volvió a aparecer en las diligencias.  El PP ya denunció en su momento las irregularidades en el parte médico del escolta.

 

Los tres  funcionarios de la policía que se sientan en el banquillo de los acusados comenzaron a ser juzgados ante la sección decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid por la detención ilegal de los militantes populares, y se enfrentan a penas de 10, 8 y 4 años de prisión respectivamente por parte de la acusación que ejerce el PP. La Fiscalía de Madrid no acusa a ninguno de los tres agentes imputados al considerar que los hechos que ocurrieron en el transcurso de la manifestación no son constitutivos de delito. Sin embargo, el PP ejerce la acusación en nombre de los dos militantes de Las Rozas (Madrid) Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, y del secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados.

 

La acusación del PP pide 10 años de cárcel menos un día para el comisario jefe, Rodolfo Ruiz por detención ilegal, falsedad en documento público y coacciones, además de 11 años de inhabilitación; 8 años menos un día para el inspector que llevó el peso de las actuaciones por los dos primeros delitos y cuatro años de cárcel para tercer acusado únicamente por la falsedad. Rodolfo Ruiz era el comisario de Puente de Vallecas, comisaría donde apareció, según la versión oficial, la mochila del 11-M, y fue ascendido a comisario jefe de la Brigada Provincial de Información tras la llegada del PSOE al gobierno.

 

El inspector, que reconoce que no hubo agresión, dice que su actuación fue legal

La más extensa de las declaraciones –durante una sesión maratoniana de siete horas en la que el tribunal apenas concedió dos breves recesos–, fue la del inspector jefe encargado de incoar las diligencias contra los militantes populares. Insistió en que en ningún documento abierto durante las diligencias constó agresión alguna al ministro Bono pero sí otras presuntas figuras delictivas (zarandeos, empujones e insultos) al mandatario que, a su juicio, justificaron su actuación. Afirmó también que los militantes declararon como "imputados no detenidos", se les facilitó un vehículo para acceder y salir de la comisaría y nunca se les fotografió, se les tomó huellas o se les retiró el teléfono móvil, como ocurre habitualmente cuando la policía detiene a un sospechoso. Versión que contradice absolutamente el relato de los militantes detenidos ilegalmente. (Ver más) 

 

A preguntas del abogado José Ramón Montero, que ejerce la acusación del PP en nombre de los militantes arrestados y del secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, el inspector acusado concretó los posibles delitos investigados sin tener en cuenta la posible agresión a Bono. Enumeró los de atentado a la persona del ministro (por los empujones y zarandeos que sufrió) insultos en la modalidad de injurias y un delito contra sus libertades y los derechos públicos, puesto que tuvo que abandonar la manifestación. Sobre la posible agresión sufrida por Bono con el mástil de una bandera, el funcionario reconoció que el mismo día de los hechos sí se planteó su existencia, "según manifestó el propio ministro", aunque este extremo nunca se concretó ni figuró en las diligencias. También negó que su superior, Rodolfo Ruiz, le dijera "si Bono dice que le han pegado es que le han pegado", tal y como se señala en el escrito de acusación.