El Partido popular cree que estamos ante un "nuevo peldaño" en el caso del fraude masivo realizado con la connivencia de los socialistas andaluces. Y piensa así después de que El Mundo publicara este martes que José Antonio García Prieto, uno de los "intrusos" en los ERE, cobró 90.000 euros de prejubilación y donó al PSOE de Camas una sede que compró por 57.000 euros.
Por ello, tanto desde Andalucía como desde Madrid, se han redoblado la petición de explicaciones, pero apuntando a un caso aún más grave: la financiación ilegal de los socialistas.
"Se trata de un nuevo peldaño que se sube en el despropósito y la desfachatez que supone este escándalo en Andalucía", aseguró el número dos del PP-A, Pedro Sanz, en declaraciones a los periodistas. Y es que, según dijo, "el caso se sitúa "en una magnitud más grave", ya que se trata de "presunta financiación ilegal".
En este sentido se pronunciaba también Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, asumiendo las acusaciones de Sanz y recalcando que "está pasando la fase de las aclaraciones y debemos empezar la fase de las dimisiones".
Punto éste en el que unió el nombre de Gaspar Zarrías, secretario de Estado al que pidió que comparezca, al saco de dimisiones que el PP lleva pidiendo desde hace semanas, y que tiene como máximos exponentes a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En este sentido, fuentes populares aseguraron que el caso del fondo de reptiles se va a convertir en uno de los asuntos "de batalla" de aquí a las elecciones y que, según les consta, van a seguir saliendo irregularidades hasta que la situación se convierta en "insostenible" para los socialistas. Y aún más, Sáenz de Santamaría advirtió que el Gobierno central también está "contaminado".