El PP ha vuelto a pedir una copia original del expediente de Matsa en la querella criminal que presentó ayer contra Manuel Chaves en el Tribunal Supremo. Los populares dudan, en la propia querella, de que el expediente remitido vía parlamentaria no haya sido modificado por la Junta de Andalucía.
De hecho, dice en la misma: "Duda igualmente esta parte de que la documentación remitida no haya sido modificada, añadiendo y sustituyendo documentos que pudieren resultar comprometedores para los distintos actores. Documento 19." Uno de los indicios más significativos de las maniobras administrativas de la Junta es que en el expediente sólo consta el poder que Paula Chaves recibió el 14 de enero de 2009, justo un día después, qué casualidad, de la aprobación de la subvención.
Pero Paula Chaves Iborra, hija de Manuel Chaves González, fue nombrada representante de la entidad Minas de Aguas Teñidas, S.A.U. por escritura de apoderamiento de fecha 17 de octubre de 2008, cuya inscripción en el Registro Mercantil de Huelva es de fecha 12 de noviembre de 2008.
Entre las facultades conferidas, se encuentran las siguientes: “comparecer ante cualesquiera Notaría, Registro Público, Administración de Hacienda o Agencia Tributario, oficina o funcionario del Estado, Administración Central, Comunidad Autónoma, Provincia, Municipio (…) y en ellos, instar, seguir y terminar, como tercero, coadyuvante, requirente o en cualquier otro concepto, toda clase de expedientes y procedimientos contencioso-administrativos, económicos-administrativos, de trabajo, gubernativos, notariales, hipotecarios, de Hacienda y de cualquier otra clase”. Documento 12. Pero este documento no existe en el expediente de Matsa que entregó la Junta de Andalucía.
Según el PP, "la patente falta de rigor administrativo que refleja la documentación remitida, así como la evidente voluntad del Ejecutivo andaluz de no remitir copia del mismo, hecho este último que se evidencia comprobando el largo trámite parlamentario, que ha llegado a rayar en la vulneración de los derechos del Diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Andaluza, don Jorge Ramos Aznar, llevan a esta parte a entender que el caso que nos ocupa va más allá de la mera infracción administrativa. "
Otras posibles irregularidades son:
a) El expediente de la subvención se inicia con la solicitud del incentivo por el representante legal de la empresa don Javier López Rubio, fechado el 11 de octubre de 2007, destacando aquí que la fecha del sello de registro de entrada en la Delegación Provincial de Huelva resulta ilegible en la copia remitida, por tanto pudiera ser incluso que su entrada en dicha Administración fuese posterior a dicha fecha.
b) El 18 de octubre de 2007, con una celeridad inusitada en la Administración andaluza, la Delegación Provincial de Huelva acusa recibo de la solicitud e informa de que “ el plazo máximo para resolver y notificar su solicitud es de 3 meses desde la recepción (…) Pero la resolución del expediente se notifica el 12 de febrero de 2009. Había transcurrido ampliamente el plazo de tres meses para considerar desestimada la solicitud y, si bien, existen en el mismo dos requerimientos de subsanación a la empresa, que suspenden este plazo, el último de ellos es fechado el 22 de noviembre de 2007. Junto a esto, la última comunicación de la Delegación Provincial de Huelva a la empresa antes del 12 de febrero de 2007 es de 4 de julio de ese mismo año, "por tanto entiende esta parte que no se había producido suspensión alguna a partir de esa última fecha y, por tanto, el plazo para el silencio administrativo estaba vencido incluso cuando el Consejo Rector de IDEA resuelve conceder el incentivo y lo remite al Consejo de Gobierno para su ratificación. "
c) La primera subvención concedida razonadamente fue de poco más de seis millones de euros siendo un enigma la justificación del por qué finalmente fueron diez.. Además, sorprendentemente, la propuesta en la que se elevaba el incentivo en más de tres millones de euros, está fechada el 4 de noviembre de 2008, y no está firmada, ni manual ni telemáticamente, por don Félix Soto Pérez, que es quien debía firmarla.