A esta compañía el consejo de gobierno de la Junta concedió, siendo presidente el socialista Chaves, un "incentivo" de 10 millones de euros poco después de ser apoderada por Paula Chaves. Esta era la vía preferida por el PP andaluz, antes de interferirse una querella penal por parte del PP nacional, para denunciar la conducta de Chaves que de considerarse legal extendería el nepotismo y el favoritismo familiar hasta límites insospechados.
Con las leyes en la mano, parece difícil que esta demanda no sea considerada por el TSJA, lo que daría un nuevo giro al caso Matsa y pondría en la picota a Manuel Chaves.
Tras los hechos, el PP presentó la correspondiente denuncia ante el Consejo de Gobierno, interesando la incoación de expediente sancionador a Manuel Chaves. La denuncia presentada dio lugar a la apertura de las actuaciones previas 09/420, dictándose finalmente el Acuerdo de 21 de Julio de 2009 por la que se determina no incoar expediente sancionador, acuerdo que se recurre en el presente procedimiento.
Tal acuerdo se basaba en un informe en el que se estudiaba la posible obligación de inhibición del Sr. Chaves y se concluía que el Sr. Chaves no incurrió en tal obligación. Pero la demanda se fundamenta en que el informe de la Junta que salvó a Chaves de un expediente sancionador insólito en la historia de la democracia española se fundamenta en dos premisas erróneas.
La primera es que la Administración de la Junta estaba obligada a conocer la actividad de Paula Chaves Iborra en la empresa MATSAU y que no tuvo tal conocimiento porque la empresa no lo comunicó. Pero para el PP, no es la Administración quien tiene la obligación de conocer tal situación, sino que correspondía tal obligación a Manuel Chaves, siendo él quien de motu propio debía haber comunicado tal situación de relación familiar a la Administración y, en consecuencia, abstenerse de intervenir en la adopción del referido acuerdo. Por tanto, el hecho de que la Administración conociese o no tal circunstancia familiar resulta irrelevante, por cuanto precisamente para ello cuenta con la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador contra el funcionario o el alto cargo público que no cumplió con las obligaciones que le son exigibles legalmente.
La segunda premisa es que la Sra. Chaves Iborra intervino en el expediente de concesión de incentivo a MATSAU con posterioridad a la intervención de su padre en el mismo. Sin embargo, la Sra. Chaves era responsable y encargada del departamento que tramitaba y gestionaba tal asunto, subvención o incentivo y expresamente, desde julio de 2007, antes incluso de que se presentara la solicitud de incentivo.
Las claves de un comportamiento contrario a la ética
Hasta Abril de 2007 el sector minero estaba excluido del ámbito de aplicación del incentivo concedido, sin embargo con fecha 30 de Abril de 2007 se modificó la normativa existente al respecto y se incluyó expresamente la actividad minera. Además, la concesión del incentivo por parte de la Junta de Andalucía exigía que se tratara de proyectos no iniciados antes de la presentación de la solicitud, requisito que no cumplía MATSAU. Sin embargo finalmente se concedió el incentivo a MATSAU pese a que ya se había iniciado la ejecución del proyecto al tiempo de presentarse la solicitud del mismo.
Durante la tramitación de la solicitud se modificó la normativa que regulaba los incentivos suprimiendo las limitaciones existentes con respecto al sector minero y aplicándose a las solicitudes que se hubieran presentado con arreglo a la normativa anterior.
Pese a que Paula Chaves contaba con un poder de representación amplio otorgado por MATSAU a su favor en octubre de 2008, la hija de Chaves utiliza en su relación con la Administración un poder posterior, otorgado con fecha 14 de Enero de 2009 y que no estaba inscrito en el Registro Mercantil al tiempo de ser aportado en el Expediente.
Manuel Chaves conocía el trabajo que desempeña su hija en MATSAU no sólo por la relación de parentesco que les une, sino porque, además, participó en calidad de Presidente de la Junta de Andalucía en la inauguración de la mina con fecha 07 de noviembre de 2007, de lo que hay incluso fotos. Pero Chaves no se inhibió de participar en la formación de la voluntad del Consejo de Gobierno que dio origen al acuerdo sobre la concesión del incentivo de 10 millones de euros a MATSA.