L D (Europa Press) La iniciativa también recoge un amplio abanico de acciones asistenciales de amplia cobertura sanitaria (total cobertura), psicológica (inmediata y de secuelas) y social (alojamiento provisional por daños en viviendas), tanto en el ámbito educativo (ayudas psicopedagógica y psicológica), formativo (formación de profesionales) y empleo (planes de reinserción profesional). Especial mención en la propuesta del Partido Popular de Aragón reciben los menores, a los que el terrorismo deja graves secuelas.
Junto a las medidas anteriores, la proposición de ley establece beneficios fiscales a las víctimas (deducciones en la cuota íntegra autonómica del IRPF por adquisición de vivienda de protección pública) o exenciones en el pago de tasas de oposiciones. Por último, crea distinciones honoríficas a favor de las víctimas.
El punto de partida de la proposición de los populares es la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y el Orden Social (Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 1996), que estableció una nueva regulación del régimen de resarcimientos por actos terroristas.
Esta regulación fue posteriormente abordada por la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo y por la Ley que la modifica. Estas leyes recogen los aspectos esenciales en esta materia, sin perjuicio del desarrollo que muchas Comunidades Autónomas han abordado en su territorio mejorando la cobertura de la acción estatal a las víctimas de tales actos.
Por su parte, Aragón tiene competencias en materia de asistencia y servicios sociales que, hasta la fecha, no han sido ejercidas con las víctimas del terrorismo.
Ayudas a personas físicas y jurídicas
La proposición de ley establece en el capítulo primero -el referido a las disposiciones generales- el ámbito de aplicación, los beneficiarios, los tipos de asistencia y los requisitos para la concesión de los beneficios. La iniciativa extiende su actuación a las víctimas y afectados, así como a las asociaciones y fundaciones que trabajan por ellos. También contempla ayudas para las personas jurídicas en cuya sede se perpetra un atentado terrorista, se establece un procedimiento ágil y rápido de aplicación de la futura ley, se determina una mejora considerable en la cobertura existente e incluye una cláusula de elevación que garantiza dicha cobertura en caso de modificación en la legislación estatal.
En el capítulo segundo, el PP plantea las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos, así como la reparación de daños materiales, abarcando un amplio elenco de actuaciones. En el capítulo tercero se regulan las subvenciones a las asociaciones, federaciones, entidades e instituciones que defiendan los valores de la convivencia social sin terrorismo y que representen y defiendan los intereses de las víctimas y afectados incluidos en el ámbito de aplicación de la norma.
El capítulo cuarto recoge acciones asistenciales de amplia cobertura sanitaria, psicológica y social. Dedica especial atención a los menores en los que el terrorismo deja graves secuelas y también contempla medidas para facilitar el empleo de las víctimas. El texto prevé la puesta a disposición de las víctimas de personal especializado para su atención.
En el capítulo quinto se establece el reconocimiento de las instituciones aragonesas y de la sociedad aragonesa a estas víctimas, mediante la creación de distinciones honoríficas por parte de la Comunidad Autónoma.
Retroactividad de la ley
Finalmente la disposición transitoria recoge un régimen de retroactividad de la ley para que puedan beneficiarse de las ayudas económicas las personas a las que se refiere el artículo segundo, que hubieran sido víctimas de acciones terroristas con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre que los actos o hechos causantes hubieran tenido lugar entre el uno de enero de 1968 y la fecha de entrada en vigor de la ley.
AVT
Por su parte, el delegado de la AVT en Aragón, José Marco Jalle, indicó que el texto registrado por el PP proviene de un borrador redactado por la entidad ciudadana, aunque incluye modificaciones y añadidos, además de que se han eliminado algunos puntos.
Marco Jalle indicó que "antes del verano" miembros de la AVT se entrevistaron con representantes del Gobierno de Aragón "para ver si Aragón, como Comunidad de primera que queremos que sea, puede tener una ley como tienen otras Comunidades, como Valencia". Según la AVT, la respuesta emitida desde la DGA fue que había que esperar a que se aprobara la normativa estatal, "de la que no hay ni borrador".
Así, prosiguió José Marco, el pasado mes de septiembre miembros de la AVT se reunieron con representantes parlamentarios del PP aragonés, que hizo suya la iniciativa, ahora convertida en proposición de ley.