El PP formaliza su denuncia por desobediencia contra PSE y ETA-Batasuna tras la reunión de San Sebastián

L D (Europa Press) El secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, y el portavoz de la formación, Leopoldo Barreda, presentaron, a las doce y media del mediodía, la denuncia, en la que se pide al TSJPV que analice "las posibilidades de delito" que existan en el encuentro mantenido en San Sebastián por los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares y los miembros de ETA-Batasuna Arnaldo Otegi, Rufi Etxebarria y Olatz Duñabeitia.

  

Según explicó posteriormente Carmelo Barrio a los medios de comunicación, el PP pone en conocimiento del tribunal "una serie de hechos" que consideran pueden ser constitutivos de un delito de desobediencia "perfectamente tipificado" en el Código Penal. El dirigente del PP vasco denunció que la celebración de la reunión entre PSE y ETA-Batasuna constituye "una mala noticia para los fundamentos del Estado de Derecho" y agregó que, además de "un reproche moral y político", existe otro "claramente jurídico" y que, por ello, "estas conductas deben ser calificadas por los tribunales" con el objetivo de poder "identificar y evaluar las responsabilidades penales" que, a su entender, se debe estudiar.

  

Tras destacar que "todos conocemos" las resoluciones de la Justicia en relación con "la ilegalización de Batasuna y con la suspensión de actividades de Batasuna, Herri Batasuna, Euskal Herritarrok", aseguró que el PP habría preferido no tener que presentar esta denuncia. No obstante, agregó, ha tenido que "asumir esta obligación dura, pero democrática, política y jurídica" ante la reunión "entre el PSE y la ilegalizada Batasuna, que forma parte de una organización terrorista, es una organización terrorista".

  

En relación a reuniones entre representantes de ETA-Batasuna y otras formaciones, como la que mantuvo el pasado viernes con Eusko Alkartasuna, explicó que el PP "ha entendido la lamentable relevancia" del encuentro con el PSE y, tras valorarlo, ha procedido a efectuar esta denuncia y anunció que los servicios jurídicos del PP estudiarán "todas y cada una" de las reuniones que se produzcan con la formación abertzale "desde el punto de vista político y jurídico" y actuará "en consecuencia".

 

Querella

  

En la denuncia, dirigida a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el PP recuerda las distintas resoluciones judiciales sobre la ilegalidad de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, así como su disolución en base a la Ley de Partidos y la orden de cesar "de inmediato en todas las actividades". De la misma manera, indica que la Unión Europea las ha incluido en la lista de grupos y entidades terroristas.

  

El PP cita además las distintas noticias aparecidas en los medios de comunicación anunciando el encuentro del pasado día 6, así como las que recogieron la celebración del encuentro, tras el que el secretario general del PSE, Patxi López, y el dirigente de Batasuna, Arnaldo Otegi, realizaron sendas comparecencias ante la prensa.

  

Los populares destacan que, en estas intervenciones, Otegi "constató" que el PSE había convocado a ETA-Batasuna y, por tanto, "son los representantes que ha elegido Batasuna quienes se han reunido con el PSE a fin de alcanzar un acuerdo político".

  

En su denuncia, este partido indica que los participantes en la reunión "eran y son conocedores, de forma, además, especial y cualificada, de la sentencia del Tribunal Supremo que dispuso la disolución de Batasuna por su ilegalización, al ser esta organización un instrumento y formar parte de ETA, con los efectos previstos en el artículo 12 de la Ley de Partidos Políticos que produjo el cese de toda su actividad, dando lugar el incumplimiento a responsabilidad penal" y, a pesar de ello, "no se abstuvieron, comparecieron y celebraron la reunión".

  

Asimismo, señala que los denunciados celebraron el encuentro siendo, además, conocedores de "la medida cautelar acordada por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, suspendiendo, con el alcance explicitado en el auto de 17 enero de 2006, las actividades de HB-ETA-Batasuna, y que su quiebra daría lugar a responsabilidades penales".

  

 

Por todo ello, indica que estos hechos, "merecedores del reproche y la reprobación política y moral, se ponen en conocimiento del tribunal para su investigación, su tratamiento, y la depuración de las responsabilidades penales que correspondan, "culminando, entonces, con el reproche y la sanción penal".

  

"No se puede permanecer inactivo e impasible ante lo que puede constituir un ataque frontal al estado de derecho que esterilice las decisiones del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional sobre la disolución y cese de la actividad de una organización ilegal por ser el brazo político de ETA", advierte.

  

El PP considera que, "sin perjuicio de la calificación jurídica que pueda corresponder según el desarrollo de las investigaciones", los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia cometido por autoridad, previsto en art. 410 del Código Penal (CP); delito de desobediencia tipificado en el art. 556 delmismo Código; y delito de quebrantamiento de medida cautelar del art. 468 del CP.

  

De esta manera, estima que Rodolfo Ares y Patxi López, ambos parlamentarios en la Cámara vasca, podrían ser penalmente responsables del delito previsto y penado en el art. 410 del CP que castiga a "las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales (...) revestidas de las formalidades legales".

  

Asimismo, indica que, alternativamente, podrían ser penalmente responsables del delito de desobediencia tipificado en el art. 556 Código Penal. Considera que podrían ser penalmente responsables de un delito de quebrantamiento de medida cautelar previsto en el art. 468 del CP, en relación con la suspensión de actividades "reiterada cautelarmente" por auto del Juzgado Centralde Instrucción núm. 5 el 17 de enero de 2006.

  

 

En cuanto a los representantes de ETA-Batasuna Arnaldo Otegi, Rufi Echevarría y Olaz Dañobeitia, el PP considera que podrían ser penalmente responsables de un delito de desobediencia del art. 556 del CP y subraya que "sostener a estas alturas que Otegi -y quienes acudieron con él concertados como dirigentes de Batasuna-, necesitan un acto formal que recuerde los efectos jurídicos de su ilegalización, supone una verdadera burla al sistema judicial".

  

En este sentido, recuerda que el dirigente abertzale ha sido requerido en sucesivas ocasiones por el Juzgado Central de Instrucción n 5, recordándole su deber de abstenerse de participar, en calidad de dirigente de Batasuna, en cualquier actividad política y, de hecho, "fue decretada su prisión preventiva por su contumaz insistencia al no atender los sucesivos requerimientos judiciales".

  

También indica que podrían ser penalmente responsables de un delito de quebrantamiento de medida cautelar previsto en el art. 468 del CP, en relación con la suspensión de actividades reiterada cautelarmente por auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 el 17 de enero de 2006.