El PP exige la dimisión de Conde Pumpido tras la reapertura del caso Atutxa

L D (Europa Press) La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha decidido revocar el auto de archivo de la juez-instructora del 'caso Atutxa', Nekane Bolado, tras estimar el recurso interpuesto por Manos Limpias.

 

De esta forma, continúa la causa abierta contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao -miembros de la Mesa de la Cámara-, mientras que sobresee las actuaciones emprendidas contra los miembros de la Junta de Portavoces, Joseba Egibar, Rafa Larreina y Antton Morcillo. El pasado 28 de diciembre, Bolado dictó un auto por el que archivó el procedimiento penal en el que estaban inmersos los seis diputados vascos por no disolver a Sozialista Abertzaleak, tal como ordenó el Tribunal Supremo.

 

La magistrada consideró que no hubo por parte de los imputados "voluntad deliberadamente rebelde" y, por tanto, no se cumplían los requisitos que contempla el artículo 410 del Código Penal, porque, según aseguró, para ello, tendría que haber "una negativa abierta, tajante y concluyente" a cumplir las órdenes de los tribunales por parte de los encausados. A su juicio, estas premisas no se daban en este caso.

 

Asimismo, la juez señaló que la disolución de Batasuna no implicaba la de Sozialista Abertzaleak, el grupo parlamentario de Batasuna-ETA y recordó que en la Ley de Partidos no se contempla la disolución del grupo parlamentario. También estimó que se había producido una vulneración de los derechos fundamentales de SA, al no llamársele al proceso de resolución y negársele audiencia.

 

Aunque la Fiscalía desistió de recurrir la decisión de Nekane Bolado, pese a ser la principal impulsora de la causa, Manos Limpias la impugnó. El Sindicato de Funcionarios Públicos pidió a la Sala Civil y Penal del TSJPV que revocara el auto de archivo de la magistrada y advirtió que, de lo contrario, quedaría en "entredicho" la obligatoriedad de cumplir las sentencias que establece la Constitución Española. Por ello, el secretario Ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, ha pedido la dimisión inmediata del fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido.

 

Astarloa, en declaraciones a Europa Press, considera que es un "error gravísimo, incomprensible e injustificado" que el fiscal General no hubiese presentado recurso contra la decisión de la juez, "ya que se trataba de un procedimiento que salía de la propia Fiscalía". Además, estima que "supone una clara dejación, por parte del Fiscal General, que tendría que haber defendido las resoluciones del Tribunal Supremo, que instaba a la disolución del grupo parlamentario Socialistas Abartzales". Astarloa entendió que la petición de dimisión del fiscal es por entender que "ha hecho el ridículo" al no recurrir el archivo del "caso Atutxa" y ha generado una "crisis de confianza" dentro de la institución de la Fiscalía General.

 

 

Por su parte, los magistrados de la Sala Civil y Penal -su presidente, Fernando Ruiz Piñeiro, Antonio García y Roberto Sáiz-, han decidido estimar el recurso de este colectivo y ha resuelto que continúe el procedimiento penal contra los miembros de la Mesa del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao, aunque no contra los integrantes de la Junta de Portavoces, Joseba Egibar, Rafa Larreina y Antton Morcillo. Las querellas de la Fiscalía y de Manos Limpias fueron admitidas a trámite el 30 de julio de 2003, después de que los miembros de la Mesa del Parlamento Juan María Atutxa (PNV), Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB), no acataran el fallo del TS del 27 de marzo de 2003 que establecía la disolución de SA como grupo parlamentario de la ilegalizada Batasuna.

 

Posteriormente, el Ministerio Público pidió que se ampliara la querella a los miembros de la Junta de Portavoces, Joseba Egibar (PNV), Rafa Larreina (EA) y Antton Morcillo (SA). La juez accedió a la pretensión de la fiscal-jefe del TSJPV, María Angeles Montes, y decidió imputar también a estos tres parlamentarios en abril del pasado año. Los encausados de la Mesa de la Cámara autonómica argumentaron que les era imposible proceder a la disolución de Sozialista Abertzaleak sin realizar una modificación del Reglamento del Parlamento, por lo que Juan María Atutxa promovió una Resolución General de Presidencia que fue aprobada el 5 de junio de 2003, pero al día siguiente, fue rechazada por la Junta de Portavoces.

 

 

En una nota de prensa difundida este martes por la tarde, Cándido Conde Pumpido declara que no tiene intención de presentar acusación contra Atutxa, y reitera que "ha decidido mantener la postura del Ministerio Público en este procedimiento", que "determinó su decisión de no recurrir el archivo" de la causa. "Este criterio -destaca el comunicado- no se considera desvirtuado por los argumentos de la Sala, que se respetan pero no se comparten". Indica además que "la Fiscalía general del Estado entiende que este auto judicial es una decisión de carácter provisional que supone la continuación del procedimiento, pero en ningún caso una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión debatida, por lo que formulará escrito de conclusiones provisionales absolutorias para el acto de juicio oral", anuncia.