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El PP desmonta la jugada del Gobierno recusando también a tres magistrados del TC

El Gobierno tomó una decisión sin precedentes para romper a su favor el equilibrio del Tribunal Constitucional e impedir, por ejemplo, que el Estatuto de Cataluña pueda ser declarado contrario a nuestra Constitución. A tal efecto, habilitó al abogado del Estado para mermar la presencia conservadora dejando fuera de juego a dos magistrados. Ahora la jugada se ha vuelto en su contra porque el PP, sin las armas del Gobierno a su favor, también solicitará recusaciones por los mismos motivos. Lo anunciará formalmente este viernes. La situación del TC es de bloqueo por falta de quorum.

El Gobierno tomó una decisión sin precedentes para romper a su favor el equilibrio del Tribunal Constitucional e impedir, por ejemplo, que el Estatuto de Cataluña pueda ser declarado contrario a nuestra Constitución. A tal efecto, habilitó al abogado del Estado para mermar la presencia conservadora dejando fuera de juego a dos magistrados. Ahora la jugada se ha vuelto en su contra porque el PP, sin las armas del Gobierno a su favor, también solicitará recusaciones por los mismos motivos. Lo anunciará formalmente este viernes. La situación del TC es de bloqueo por falta de quorum.
L D (Agencias) El principal partido de la oposición considera que este hecho pondría en tela de juicio la imparcialidad de los jueces a la hora de valorar el recurso de inconstitucionalidad del PP contra la reforma de la ley orgánica del alto tribunal. Las tres razones en las que se fundamenta la recusación aparecen reflejadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y son el hecho de que los magistrados tengan un interés directo o indirecto en el pleito o causa; que hayan ocupado un cargo público con ocasión del cual haya participado en el tema a tratar, o que tengan formado un criterio en detrimento de la debida imparcialidad.
 
En este caso, la celebración de una reunión en la que los jueces pudieron ofrecieron un acuerdo previo a la puesta en marcha de la reforma coincide con el últimos de los motivos.   
 
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, censuró las "insólitas" recusaciones planteadas por el Ejecutivo que, en su opinión, "abren un camino que jamás se había recorrido", pero insistió en que todos los magistrados deben medirse por el mismo rasero y que "los motivos que se imputan a unos tienen que servir para todos". "No puede ser que algunos argumentos sirvan para unos y no para otros. Si se han hecho las mismas valoraciones y se han tomado las mismas decisiones, se tiene que juzgar a todos por los mismos parámetros", sentenció Zaplana, quien admitió que si el Ejecutivo no hubiera aprobado su recusación, el PP tampoco habría dado el paso.  Eso sí, señaló que, mientras la impugnaciones impulsadas por el Gobierno tienen una "intencionalidad política clarísima", las que ultima su formación tienen como objetivo "poner en conocimiento de los que tienen que tomar la decisión que esas situaciones no afectan solamente a dos personas". "La recusación sólo busca que los argumentos sirvan para todos", explicó.
 
Mismos motivos y cronológicamente anteriores
 
Puestos a analizar el tablero de juego tras los dos movimientos, cronológicamente los motivos de recusación del PP contra los magistrados serían anteriores a los esgrimidos para recusar a Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata. La clave, según la información que este jueves publicó el diario El Mundo es que María Emilia Casas convocó reuniones por sectores para evitar que fuera el Pleno el que debatiera su continuidad al frente del Tribunal. Además, ni siquiera dichas reuniones sectoriales contaban con todos los magistrados.

La primera de ellas se produjo el 12 de junio entre la presidenta, el vicepresidente, Guillermo Jiménez –prorrogado en virtud de la propia enmienda Casas–, y los magistrados Pérez Tremps, Manuel Aragón, Pascual Sala y Rodríguez Arribas. Los tres primeros expresaron su opinión a favor de la continuidad de la presidenta. Pero Rodríguez Arribas prefirió que fuera el Pleno el que decidiera, lo que pretendía evitar Casas.

En la siguiente reunión,  Casas convocó al tercio de magistrados en el que debería estar Roberto García Calvo. Pero no acudió porque no tenía conocimiento de ello. Esto fue el detonante de que tanto García Calvo como Rodríguez Zapata visitaran motu proprio a María Emilia Casas a su despacho, al día siguiente. Fue entonces cuando la pidieron que dimitiera y que fuera el Pleno el que decidiera. Por este motivo, expresado por escrito, los dos magistrados han sido recusados tras una intervención sin precedentes en democracia del Abogado del Estado, habilitado en Consejo de Ministros al efecto. Así las cosas, según el Partido Popular, los mismos motivos por los que se aparta a estos miembros del TC servirían para hacer lo propio con los que dieron el apoyo a la presidenta.

Un bloqueo con origen en el Gobierno ZP

En este momento, el número de magistrados que deben resolver el recurso del PP contra la LOTC es de diez, una vez aceptada la abstención de la presidenta María Emilia Casas y del vicepresidente Guillermo Jiménez, cuyos mandatos quedaron automáticamente prorrogados por la entrada en vigor de la ley reformada el pasado 26 de mayo. Así, la decisión de aceptar o no la recusación de García-Calvo y de Rodríguez-Zapata debería ser tomada por los ocho magistrados restantes, el "quorum" mínimo para adoptar resoluciones según el artículo 14 de la LOTC, que establece que el pleno "puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan".

Con la nueva recusación del PP, el pleno del TC queda imposibilitado para tomar decisiones, ya que deberían examinarse junto a las recusaciones presentadas por el Gobierno y no habría "quorum" suficiente para tomar una decisión. En ese caso, siempre según las fuentes consultadas, se volvería al "colegio" actual, formado por diez magistrados, sin resolver ninguna de las recusaciones. De éstos, cinco son progresistas y cinco conservadores, pero estos últimos cuentan con el voto de calidad del presidente accidental del pleno, Vicente Conde. En teoría, la mayoría conservadora estará así en condiciones de "tumbar" la LOTC, dejando sin efecto la prórroga del mandato de Casas y abriendo la puerta a la elección de un nuevo presidente.

Ahí volverían a llevar ventaja los conservadores, en este caso por una cuestión de edad, ya que en caso de empate -cada uno de los sectores cuenta con seis miembros- la ley prevé la elección del más viejo. Una segunda posibilidad, mucho más remota, es que Vicente Conde, en su calidad de presidente del pleno y en vista del alto número de recusados, decida aplazar las deliberaciones sobre el recurso del PP contra la LOTC hasta que el último de los magistrados presuntamente "contaminados" abandone el tribunal, lo que no ocurrirá hasta dentro de seis años. El horizonte no se atisba muy claro ya que el desbloqueo que de forma natural devolvería al Tribunal a su capacidad de actuación llevaría al Gobierno a renunciar a su estrategia, la que origina esta situación, de tener poder suficiente para que no prospere el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña.

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