La primera de ellas se produjo el 12 de junio entre la presidenta, el vicepresidente, Guillermo Jiménez –prorrogado en virtud de la propia enmienda Casas–, y los magistrados Pérez Tremps, Manuel Aragón, Pascual Sala y Rodríguez Arribas. Los tres primeros expresaron su opinión a favor de la continuidad de la presidenta. Pero Rodríguez Arribas prefirió que fuera el Pleno el que decidiera, lo que pretendía evitar Casas.
En la siguiente reunión, Casas convocó al tercio de magistrados en el que debería estar Roberto García Calvo. Pero no acudió porque no tenía conocimiento de ello. Esto fue el detonante de que tanto García Calvo como Rodríguez Zapata visitaran motu proprio a María Emilia Casas a su despacho, al día siguiente. Fue entonces cuando la pidieron que dimitiera y que fuera el Pleno el que decidiera. Por este motivo, expresado por escrito, los dos magistrados han sido recusados tras una intervención sin precedentes en democracia del Abogado del Estado, habilitado en Consejo de Ministros al efecto. Así las cosas, según el Partido Popular, los mismos motivos por los que se aparta a estos miembros del TC servirían para hacer lo propio con los que dieron el apoyo a la presidenta.
Un bloqueo con origen en el Gobierno ZP
En este momento, el número de magistrados que deben resolver el recurso del PP contra la LOTC es de diez, una vez aceptada la abstención de la presidenta María Emilia Casas y del vicepresidente Guillermo Jiménez, cuyos mandatos quedaron automáticamente prorrogados por la entrada en vigor de la ley reformada el pasado 26 de mayo. Así, la decisión de aceptar o no la recusación de García-Calvo y de Rodríguez-Zapata debería ser tomada por los ocho magistrados restantes, el "quorum" mínimo para adoptar resoluciones según el artículo 14 de la LOTC, que establece que el pleno "puede adoptar acuerdos cuando estén presentes, al menos, dos tercios de los miembros que en cada momento lo compongan".
Con la nueva recusación del PP, el pleno del TC queda imposibilitado para tomar decisiones, ya que deberían examinarse junto a las recusaciones presentadas por el Gobierno y no habría "quorum" suficiente para tomar una decisión. En ese caso, siempre según las fuentes consultadas, se volvería al "colegio" actual, formado por diez magistrados, sin resolver ninguna de las recusaciones. De éstos, cinco son progresistas y cinco conservadores, pero estos últimos cuentan con el voto de calidad del presidente accidental del pleno, Vicente Conde. En teoría, la mayoría conservadora estará así en condiciones de "tumbar" la LOTC, dejando sin efecto la prórroga del mandato de Casas y abriendo la puerta a la elección de un nuevo presidente.
Ahí volverían a llevar ventaja los conservadores, en este caso por una cuestión de edad, ya que en caso de empate -cada uno de los sectores cuenta con seis miembros- la ley prevé la elección del más viejo. Una segunda posibilidad, mucho más remota, es que Vicente Conde, en su calidad de presidente del pleno y en vista del alto número de recusados, decida aplazar las deliberaciones sobre el recurso del PP contra la LOTC hasta que el último de los magistrados presuntamente "contaminados" abandone el tribunal, lo que no ocurrirá hasta dentro de seis años. El horizonte no se atisba muy claro ya que el desbloqueo que de forma natural devolvería al Tribunal a su capacidad de actuación llevaría al Gobierno a renunciar a su estrategia, la que origina esta situación, de tener poder suficiente para que no prospere el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña.