El PP descarta la supresión de Diputaciones, cabildos y consejos insulares

Quienes concurren a las elecciones municipales del 22-M por el Partido Popular también tendrán que comprometerse a una serie de compromisos, en línea con los adquiridos por los candidatos autonómicos. De hecho, muchos de ellos son prácticamente los mismos. En total, 120 medidas bajo el epígrafe "Soluciones para los gobiernos locales".

Elaborado por la Vicesecretaría de Organización, que dirige Ana Mato, en estrecha colaboración con el equipo económico de Soraya Sáenz de Santamaría, el Programa Marco incide en la necesidad de gobiernos más austeros, con menor personal y gastos limitados a la máxima expresión, como por ejemplo el hecho compartir vehículos oficiales.

El debate de las diputaciones provinciales

Además, también aborda la situación de las Diputaciones, cabildos y consejos insulares, instituciones que fueron objeto de polémica en esta recta final de la legislatura con la crisis económica en su punto más álgido. El debate no se abrió desde sus filas, pero sí desde las contrarias: veteranísimos del socialismo como Felipe González y Juan Carlos Rodríguez Ibarra abogaron por suprimir estos órganos, al hilo de la opinión generalizada de una necesaria reforma del Estado de las Autonomías.

"Nos quedamos con la administración local, la autonómica, la estatal y la de Bruseñas, y suprimimos las intermedias", resumió el ex presidente del Gobierno. En el PP también se instaló el debate, con dirigentes a favor y en contra.

Desde Extremadura, el popular José Antonio Monago se ofrecía a abrir el complicado melón institucional, extremo por el que también apostó la Fundación FAES, que hacía público un demoledor informe sobre la situación de las CCAA.

Sin embargo, finalmente, el PP se apuesta formalmente por su continuidad ya que, según fuentes de Organización, "en algunas provincias estos órganos sí que son prescindibles" pero en otras "son más que necesarias" porque en caso contrario "apenas llegarían recursos".

Es por ello por lo que, en su apartado "Un sistema competencial claro y preciso", el PP se compromete a "modernizar el papel de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares" creando lo que denominan una "carta provincial de servicios". Además, aseguran que actualizarán "sus cometidos, especialmente en su función de cooperación y asesoramiento técnico, jurídico y normativo a los pequeños municipios".

Bandera contra el gasto

Por lo demás, el PP vuelve a hacer bandera de la austeridad, y a ello se tendrán que comprometer sus candidatos por escrito. Así, y según se desprende del documento al que ha tenido acceso Libertad Digital, los populares reducirán "el número de altos cargos, puestos de libre designación y personal eventual de las distintas administraciones, empresas y entidades públicas".

Los gastos burocráticos, de representación y de publicidad institucional también estarán en el ojo de mira, "suprimiendo todas aquellas actuaciones que no se consideren imprescindibles". Por su parte, el parque móvil se verá mermado hasta el punto de impulsar "el uso compartido".

La gestión de la televisión pública, ese gran saco roto para las arcas municipales, es otro de los puntos trabajados por el PP, que apuesta por dar entrada a la participación privada. Un apartado dedicado al acceso a la vivienda y otro a dinamizar la mermada economía de los consistorios ponen el broche final del proyecto popular.

Auditorías externas

Esto en clave económica, porque en clave estrictamente política también se aborda la lucha contra la corrupción. El PP también quiere sacar pecho en materia de transparencia. Por ello, promete implantar auditorías externas en la administración local, "fundamentalmente las dirigidas a verificar los procedimientos de gestión y gasto, de urbanismo y contratación pública".

Endurecerán, a sí mismo, "la responsabilidad contable de los gestores públicos que incumplan las normas de disciplina y, especialmente, de transparencia". Y aún más, el PP volverá a presentar el acuerdo de "Bases para el Pacto por la Transparencia y Contra la Corrupción" que había caído en el olvido, y que volverá a ser ofrecido al resto de fuerzas.

La incongruencia, eso sí, es que defendiendo este plan en pro de la decencia estará ndirigentes populares manchados por la corrupción, como es el caso de Carlos Frabra.

En total, 120 medidas concretas, que incluyen otros tantos palos de actuación, que los candidatos del PP deberán de asumir como propios. Así, explican desde Génova, los ciudadanos tendrán claro qué votarán el 22-M. Esperan bañar de azul el territorio nacional.