L D (Agencias) En este argumentario, se apunta que la ley declara "el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas, por razones políticas o ideológicas", y además se cita de forma expresa, entre los beneficiarios, a "partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual".
Según los populares en esta relación, "en parte ajena" a la Guerra Civil, llama la "atención" la mención específica a la masonería, así como la "ambigüedad" de algunas definiciones. "Las sociedades secretas, por ejemplo, están prohibidas por la Constitución de 1978, en su artículo 22.5, por lo que difícilmente pueden ser amparadas. Algo parecido cabe decir de las organizaciones militares –aducen–. La única organización militar legal, tanto en nuestros días como en los de la Segunda República, son las Fuerzas Armadas. Las paramilitares también están prohibidas por el artículo 22.5 de la Constitución".
Asimismo, advierten de que introducir el término "grupos de resistencia" conlleva "amparar, como resulta evidente", a grupos de violentos que lucharon contra el régimen de Franco "como el maquis". "Pero ninguno de ellos lo hizo a favor de los principios constitucionales vigentes, sino de otros modelos dictatoriales o incluso totalitarios, como el comunismo soviético, el anarquismo, el FRAP (cuyo modelo era el comunismo albanés) o la propia ETA", remachó.
El PP sostiene que "dichos grupos resistencia" perpetraron "numerosos delitos y causaron víctimas", llegando a afirmar que sólo el número de "asesinados" por los "maquis" "ascendió a casi un millar". "Las alusiones a minorías étnicas o de orientación sexual son, en muchos casos, ajenas al contexto histórico, aunque lo que más llama la atención es lo de las "opciones culturales y lingüísticas", cuando el PSOE forma parte de un gobierno, el de la Generalidad de Cataluña, que sanciona a quienes utilizan el castellano y en la práctica impide que los escolares puedan ser educados en esa lengua", agregan.
"Pequeña ampliación" de derechos ya reconocidos
Este argumentario señala que el proyecto de Ley sobre Memoria Histórica "ampara" a todas las víctimas y vincula su reconocimiento a los valores democráticos de la Constitución de 1978, pese a que contiene "buen número de ambigüedades y contradicciones" y supone "sólo una pequeña ampliación, fundamentalmente simbólica, de los derechos que ya fueron reconocidos entre 1976 y 1979".
A su juicio, durante la Transición hubo una serie de disposiciones legales que ya "restituyeron y reconocieron derechos a quienes habían pertenecido al bando republicano durante la Guerra Civil", como el decreto ley de julio de 1976 sobre funcionarios depurados o la Ley 5/1979 de reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y demás familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada Guerra Civil.
Recuerdan además que el reconocimiento del grado militar a los militares del Ejército Popular de la República "no motivó ninguna polémica pública y significativa", aun cuando fue aprobada en la transición por cargos públicos que habían participado "de forma destacada" en la Guerra Civil, "desde el vicepresidente y teniente general Manuel Gutiérrez Mellado al dirigente comunista Santiago Carrillo, pasando por el presidente de la Generalidad Josep Tarradellas o el ex ministro y diputado José María de Areilza".
Por otra parte, los populares aseveran en este documento que las indemnizaciones y pensiones concedidas al amparo de la Ley 5/1979 beneficiaron a 574.000 personas de "colectivos diversos", de las cuales 513.000 tenían derecho a pensión "y de las cuales sólo 95.943 sobrevivían en enero de 2006".
Ya se han pagado tres billones de pesetas
"Hasta 2005, el coste de esos derechos reconocidos había ascendido a 16.356 millones de euros, a los que sería posible sumar las pensiones de los funcionarios repuestos en 1976 y 5,1 millones de euros abonados en concepto de cuotas a la Seguridad Social por los periodos transcurridos en prisión: En números redondos, los Presupuestos del Estado han abonado hasta ahora el equivalente a tres billones de pesetas" (18.030,36 millones de euros), detallan.
"Las reparaciones personales fueron complementadas con otras destinadas a partidos políticos y sindicatos, que hasta 2006 ascendieron a algo más de 54 millones de euros –exponen–. El principal beneficiado ha sido el sindicato socialista Unión General de Trabajadores (24,9 millones), seguido por el PSOE (10,8 millones), el PNV (10,4 millones), Izquierda Republicana (3,1 millones), Esquerra Republicana (1,8 millones), el sindicato Confederación Nacional de Trabajadores (1,5 millones) y el PCE (1 millón).
Su conclusión es que el contenido del proyecto que está ahora en Cortes es "básicamente de naturaleza retórica", permitiendo que los amparados puedan solicitar una declaración formal de haber sido perseguidos injustamente, "pero los beneficios económicos que establece, complementarios a los de la ley 5/1979, tienen carácter marginal y, en gran medida, son exenciones fiscales retroactivas".
Finalmente, se hace hincapié en que el artículo 20 de la propuesta de Ley exime a los antiguos miembros de las Brigadas Internacionales de renunciar a su nacionalidad para poder obtener la española: "Esta medida apenas si tendrá efectos prácticos, puesto que los más jóvenes de los antiguos internacionales tienen casi 90 años y la inmensa mayoría ha muerto".
"En todo caso, supone un simbólico triunfo a posteriori para la Internacional Comunista –se concluye en el 'argumentario' del PP–, entidad desaparecida en 1943 y que fue la que organizó y encuadró las Brigadas, al servicio del tirano soviético José Stalin".