El dirigente popular Antonio Sanz apuntó que al coste de 5.000 millones que suponen las empresas públicas, hay que añadir también "un coste de ineficacia", ya que son consultorías externas las que se dedican a hacer la labor que, en primera instancia tendrían que hacer los funcionarios públicos y, en segunda instancia, las empresas públicas.
Indicó que, por ejemplo, una consultoría externa es la que se desarrolla la labor de Egmasa, un dato que, según agregó, la administración autonómica pretende ocultar puesto que no facilita al PP la información que le solicita al respecto. "Oculta la información y no quiere dar los datos acogiéndose a la Ley de Protección de Datos", apuntó Sanz.
Agregó que las relaciones de puestos de trabajo que tienen cada consejería en algunos casos están sin cubrir porque se recurre de "manera ilegal" a consultorías externas, lo que viene a significar "ralentización de los trabajos, menos efectividad de la administración y altísimos costes".
A juicio de Antonio Sanz, se vuelve a constatar que el presidente de la Junta mintió, cuando prometió austeridad en la administración autonómica y reordenación del sector público empresarial.
Por su parte, González Vigo puso como ejemplo el hecho de que en la dirección general de gestión del medio natural de la Consejería de Medio Ambiente hay una asesora que ha sido contratada en varias ocasiones a través de contratos "menores" hasta que, en última instancia, ha sido contratada a través de una consultoría externa por 60.000 euros.
En su opinión, el presidente de la Junta tiene que acometer una reforma urgente tanto de las consejerías como de las empresas públicas desde el respeto a las personas y a la austeridad, toda vez que en este momento hay funcionarios muy válidos que ven cómo se les usurpa su trabajo en la administración.
En cuanto al caso concreto de Egmasa, explicó que se ha convertido en un "cementerio de elefantes socialistas" y que cuando se creó contó con un capital social de 300.000 euros, mientras que ahora va por un coste de 150 millones en gastos de personal. Para González Vigo, el PSOE creó esa empresa para evitar el control parlamentario "y poderla utilizar en sus intereses político-partidistas"