(Libertad Digital) El Parlamento Vasco comenzó a las diez y cinco de la mañana el pleno de política general, con la intervención del lehendakari, Juan José Ibarretxe, que expuso las líneas generales de su propuesta para separar al País Vasco de España. Ibarretxe se centró, según él, en tres claves: "respetar la vida, los derechos humanos y las libertades de todas las personas; dialogar para convivir; y respetar la voluntad democrática de la sociedad vasca". Y como prueba, las primeras críticas que lanzó han sido para el Gobierno por su lucha antiterrorista, que en su opinión "está dañando gravemente la libertad y los derechos de las personas". Además, pese a que no se ha presentado una sola prueba, asumió las denuncias del director del periódico Egunkaria, Marcelo Otamendi, contra la Guardia Civil y denunció las "torturas" por parte de las Fuerzas de Seguridad.
Ibarretxe ha asegurado que "es evidente que ha pasado la época en la que ETA marcaba la agenda política". Según el lehendakari, la presentación de su propuesta "va a contribuir decisivamente a expulsar a ETA de nuestras vidas. La presentación de esta propuesta política abre la etapa post-ETA. ETA sabe que avanzar en el proceso de normalización política supone acelerar su fin definitivo". Reconoció que existe "un recorte de los derechos y libertades". Pero no por los asesinatos, extorsiones y amenazas de la banda terrorista, sino porque el PP, "bajo el disfraz de la lucha antiterrorista, hace retroceder a la democracia".
Una de las frases que más murmullo ha provocado en la Cámara ha sido la referida a las nacionalidades. Según explicó Ibarretxe, con su propuesta, "no será preciso renunciar a la nacionalidad española para disfrutar de la nacionalidad vasca. Y viceversa". También ha desvelado que quiere que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco asuma competencias del Tribunal Constitucional y del Supremo. Su intención es que el TSJPV sea "la cúspide de la organización judicial vasca", preservando al Supremo la unificación de doctrina y los conflictos y competencias jurisdiccionales.
Habrá referéndum en el año 2005
Ibarretxe explicó que su plan concluiría con un referéndum en la sociedad vasca, en el año 2005. Dijo apostar por "no ejercer unilateralmente la autodeterminación", y explicó los trámites a seguir su proyecto: se plasmará en un proyecto de Ley de reforma del Estatuto, que aprobará el próximo 25 de octubre el Gobierno Vasco, para luego ser remitido al Parlamento para su tramitación.
Los pasos que se contemplan serían en primer lugar una aprobación por mayoría absoluta del proyecto en el Parlamento Vasco, –mayoría que por ahora no tiene el Gobierno Vasco–, en una votación que prevé que sea en septiembre de 2004. Después, se abriría un supuesto proceso negociador con el Estado, –que no debería superar los seis meses–, con la aprobación posterior de las Cortes Generales y del Parlamento Vasco del resultado de la negociación y la aprobación definitiva por la sociedad vasca en referéndum. Según Ibarretxe, esta consulta sería en el año 2005, "en ausencia de violencia y sin exclusiones". El lehendakari ha dejado claro cómo va a negociar su plan separatista con el Estado. Si la negociación "se frustrara y no se alcanzara un acuerdo sobre el texto aprobado por la mayoría absoluta del Parlamento Vasco", "se podrá someter el mismo a la consulta de la sociedad vasca en referéndum, y si es ratificado, será necesario iniciar un nuevo proceso negociador con el Estado para incorporar la voluntad democrática de la sociedad vasca al ordenamiento jurídico".
Reacción del Gobierno y del Partido Popular
Tras escuchar el discurso de Ibarretxe, el presidente de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, dijo que lo que ha presentado es "la herencia política de ETA". Para Iturgaiz, es la "disposición a cargarse la constitución y es un proyecto claro de ruptura". "Lo que ha escenificado es un intento golpista de romper con España y con el marco jurídico aprobado por los vascos por mayoría", apuntó. Además, dijo que denominar este plan de "convivencia es una broma de mal gusto". Recordó que el proyecto "es de exclusión para algunos vascos, un país de nacionalistas para nacionalistas". El portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, dijo que todas las vulneraciones del marco jurídico "serán recurribles por dos vías, o bien mediante recurso al Tribunal Contencioso Administrativos o bien al Tribunal Constitucional". Zaplana recordó que el Plan Ibarretxe es "un imposible jurídico tanto en España como en Europa".
Ibarretxe ha asegurado que "es evidente que ha pasado la época en la que ETA marcaba la agenda política". Según el lehendakari, la presentación de su propuesta "va a contribuir decisivamente a expulsar a ETA de nuestras vidas. La presentación de esta propuesta política abre la etapa post-ETA. ETA sabe que avanzar en el proceso de normalización política supone acelerar su fin definitivo". Reconoció que existe "un recorte de los derechos y libertades". Pero no por los asesinatos, extorsiones y amenazas de la banda terrorista, sino porque el PP, "bajo el disfraz de la lucha antiterrorista, hace retroceder a la democracia". Una de las frases que más murmullo ha provocado en la Cámara ha sido la referida a las nacionalidades. Según explicó Ibarretxe, con su propuesta, "no será preciso renunciar a la nacionalidad española para disfrutar de la nacionalidad vasca. Y viceversa". También ha desvelado que quiere que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco asuma competencias del Tribunal Constitucional y del Supremo. Su intención es que el TSJPV sea "la cúspide de la organización judicial vasca", preservando al Supremo la unificación de doctrina y los conflictos y competencias jurisdiccionales.
Habrá referéndum en el año 2005
Ibarretxe explicó que su plan concluiría con un referéndum en la sociedad vasca, en el año 2005. Dijo apostar por "no ejercer unilateralmente la autodeterminación", y explicó los trámites a seguir su proyecto: se plasmará en un proyecto de Ley de reforma del Estatuto, que aprobará el próximo 25 de octubre el Gobierno Vasco, para luego ser remitido al Parlamento para su tramitación. Los pasos que se contemplan serían en primer lugar una aprobación por mayoría absoluta del proyecto en el Parlamento Vasco, –mayoría que por ahora no tiene el Gobierno Vasco–, en una votación que prevé que sea en septiembre de 2004. Después, se abriría un supuesto proceso negociador con el Estado, –que no debería superar los seis meses–, con la aprobación posterior de las Cortes Generales y del Parlamento Vasco del resultado de la negociación y la aprobación definitiva por la sociedad vasca en referéndum. Según Ibarretxe, esta consulta sería en el año 2005, "en ausencia de violencia y sin exclusiones". El lehendakari ha dejado claro cómo va a negociar su plan separatista con el Estado. Si la negociación "se frustrara y no se alcanzara un acuerdo sobre el texto aprobado por la mayoría absoluta del Parlamento Vasco", "se podrá someter el mismo a la consulta de la sociedad vasca en referéndum, y si es ratificado, será necesario iniciar un nuevo proceso negociador con el Estado para incorporar la voluntad democrática de la sociedad vasca al ordenamiento jurídico".
Reacción del Gobierno y del Partido Popular
Tras escuchar el discurso de Ibarretxe, el presidente de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, dijo que lo que ha presentado es "la herencia política de ETA". Para Iturgaiz, es la "disposición a cargarse la constitución y es un proyecto claro de ruptura". "Lo que ha escenificado es un intento golpista de romper con España y con el marco jurídico aprobado por los vascos por mayoría", apuntó. Además, dijo que denominar este plan de "convivencia es una broma de mal gusto". Recordó que el proyecto "es de exclusión para algunos vascos, un país de nacionalistas para nacionalistas". El portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, dijo que todas las vulneraciones del marco jurídico "serán recurribles por dos vías, o bien mediante recurso al Tribunal Contencioso Administrativos o bien al Tribunal Constitucional". Zaplana recordó que el Plan Ibarretxe es "un imposible jurídico tanto en España como en Europa".