L D (Agencias) El Partido Popular va a pedir a Huguet las cifras exactas de sanciones y denuncias a empresas por este motivo para evaluar el alcance de este aumento y, en función de ello, decidir las medidas o reacciones parlamentarias adecuadas al respecto. Es la primera reacción tras la noticia publicada este domingo por El Mundo, que desvelaba que en los últimos seis meses, el departamento de Huguet había recibido un millar de reclamaciones, buena parte anónimas, contra comercios que incumplen una ley que dictó Jordi Pujol en 1998 y que obliga a los comercios a atender a sus clientes en catalán o a tener rótulos e información en este idioma.
Desde CiU, la diputada encargada de Política Lingüística, Carme Laura Gil, defendió el incremento de las sanciones porque "obedecen al cumplimiento de una ley que defiende al consumidor". En declaraciones a Europa Press, Gil señaló que "se trata de la aplicación" de una normativa inspirada en la Ley de Política Lingüística dictada por Jordi Pujol en 1998. "No va en contra de la empresa, sino que defiende el derecho del consumidor a ser atendido en su propia lengua".