El PP acusa al Gobierno de respaldar a "un criminal de ETA" y preparar el camino para negociar con la banda
La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Ana Torme, responsabilizó este viernes al Ejecutivo del apoyo que la Fiscalía del Tribunal Supremo brinda al recurso interpuesto por el etarra Henri Parot y acusó al Gabinete Zapatero de protagonizar un "hecho sin precedentes" porque "nunca un Gobierno democrático había respaldado a un criminal de ETA", que es además, "uno de los mayores asesinos de la banda". Según Torme, el cese de Fungairiño, "un fiscal eficaz, temido por ETA y apreciado por las víctimas", demuestra además que el Gobierno pretende poner al poder judicial "a su servicio"
(Libertad Digital) En declaraciones a Libertad Digital, Anta Torme anunció que el Partido Popular pedirá tres comparecencias urgentes del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, para que explique "con argumentos" el "cambio de criterio" de la Fiscalía en el cumplimiento de penas de los terroristas; los criterios de la Fiscalía para evitar actividades de formaciones ilegalizadas y las razones del relevo del ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño. El PP pedirá también explicaciones sobre las declaraciones de Conde Pumpido sobre las "razones profesionales" que le llevaron a destituir a Fungairiño.
La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Ana Torme, considera que estas actuaciones son "muy graves" y Conde Pumpido está obligado a dar explicaciones en sede parlamentaria porque "hay elementos" que hacen temer una "renuncia a la política antiterrorista" y una "preparación del camino" para negociar con los terroristas.
Para la diputada popular el primer paso ha sido el cese de Fungairiño, "un fiscal eficaz, temido por ETA y apreciado por las víctimas" lo que demuestra que el Gobierno pretende poner al poder judicial "a su servicio". El siguiente paso, según el PP, ha sido el respaldo del Tribunal Supremo, "en un hecho sin precedentes", para cambiar los criterios de la fiscalía sobre el cumplimiento de penas de los etarras , en referencia al recurso del terrorista Henri Parot, apoyado por la Fiscalía del Tribunal Supremo a través de un informe, en el que solicitaba su excarcelación en 2009, frente al auto de acumulación de penas dictado por la Audiencia Nacional en 2005, por el que el miembro de ETA saldría de prisión en 2034.
Ana Torme también denunció el "apoyo velado" del presidente del Gobierno al congreso de la ilegalizada Batasuna y recordó la crítica que hizo a la ley de partidos –cuando dijo que era muy "restrictiva"-, una postura "respaldada" por Conde Pumpido. Según el PP, estos hechos "gravísimos" constatan un cambio en la política antiterrorista en la que "ETA y su entorno están envalentonados y los ciudadanos "más indefensos" mientras ETA sigue atentando, por lo que pide la dimisión de Conde Pumpido.
La Policía pide que no se rebaje "ni un sólo segundo"
Por otra parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritarias en ambos Cuerpos, así como la Unión Federal de Policía (UFP), pidieron que la condena impuesta a terroristas como Henry Parot no se reduzcan "ni un sólo segundo". "Junto con nuestros compañeros, somos víctimas reales o potenciales del terrorismo de ETA y en este sentido sólo esperamos una decisión de los asesinos: que entreguen las armas, que se disuelvan y que afronten las penas que las leyes prevén para ellos", dicen sindicatos y asociación en una nota conjunta.
Además, interpretarían el abandono de las armas por parte de ETA como su "rendición", el triunfo del Estado de Derecho y la "victoria, aún póstuma, de las víctimas y el reconocimiento a su sufrimiento y al de sus familias". Los firmantes del comunicado se reafirman en la declaración del Congreso de los Diputados para iniciar una negociación con ETA si ésta abandona las armas. "No entenderíamos que para ello fuera necesario pagar ningún precio político, ni de ninguna otra índole", añaden. Finalmente, SUP, AUGC y UFP instan a "los partidos políticos, especialmente de los que sustentan al Gobierno y a la oposición, que retorne el clima de unidad en materia de terrorismo" a la vez que exigen que ésta "no se utilice con fines partidistas o electorales".
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