Tal y como informa hoy La Razón, tan sólo 24 horas antes de que el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, retase a la plataforma proetarra Adierazi a que pusiesen el derecho a la vida "por encima de todo lo demás" y a que convocasen una manifestación en contra de ETA, al ayuntamiento de Lazcano aprobaba una partida de 160 euros mensuales en favor de la madre de Anitz Eskisabel para sufragar los gastos de sus visitas a la cárcel de Salamanca.
La etarra pertenece a la banda y está integrada en puestos de responsabilidad dentro de la estructura de reclutamiento de nuevos terroristas y, según indicó el Fiscal, era "los oídos y la boca de ETA, la gente que hace que ETA pueda seguir matando y que se nutra de gente no fichada por la Policía". Detenida en 2005, juzgada y condenada en julio de 2009, la sentencia fue posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo el 16 de julio de 2010, condenándola a seis años de cárcel al considerarse probado que facilitaba información sobre posibles objetivos, además de ayudar a miembros de la banda huidos.
La aprobación de la partida en favor de la madre de la etarra se sacó adelante gracias a los votos de los peneuvistas (ocho concejales). Sólo contó con el voto en contra del PP (un representante), mientras que el concejal de IU y los tres del PSE se ausentaron ese día.
Tras aprobarse la ayuda, el concejal del PP, Javier M. González, trasladó su total desacuerdo al alcalde Patxi Albisur, que le aclaró que "la madre no tiene la culpa de lo que haya podido hacer la hija" y le remitió a la ordenanza municipal del año 2006. Según La Razón, el alcalde todavía no ha facilitado la citada ordenanza al concejal del PP.
González considera una "vergüenza que el PNV subvencione los viajes a los presos (...) Es un insulto a las víctimas del terrorismo. Parece que a los etarras se les premia para que los familiares vayan a verles, cuando hay miles de víctimas a las que no se les concede ni un euro para visitar a sus seres queridos que están en el cementerio".
Recuerda La Razón que el Tribunal Supremo sentó las bases para anular las ayudas que el anterior Gobierno vasco concedía a los familiares de presos etarras en otras regiones, ratificando una sentencia de la Audiencia Nacional que resolvía el recurso del anterior Ejecutivo vasco. El Gobierno de Ibarretxe alegó que el Estatuto de Guernica les reservaba las competencias en materia penitenciaria, pero el Tribunal respondió que dicha transferencia aún está pendiente de aprobación, además de recalcar que no puede aplicar ningún programa de ayuda a personas presas en otras comunidades autónomas. Hay que destacar que el Gobierno de Patxi López eliminó esa partida de los Presupuestos de 2010.