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“El pequeño todavía no sabe cómo murió su padre”

La Audiencia Nacional ha celebrado este jueves el juicio contra los etarras “Txapote” y “Amaia”, por el asesinato del concejal del PP José Ignacio Iruretagoyena en 1998. Frente al testimonio estremecedor de la viuda, las continuas faltas de respeto de los terroristas.

La Audiencia Nacional ha celebrado este jueves el juicio contra los etarras “Txapote” y “Amaia”, por el asesinato del concejal del PP José Ignacio Iruretagoyena en 1998. Frente al testimonio estremecedor de la viuda, las continuas faltas de respeto de los terroristas.

La cara más dura del terrorismo ha estado este jueves presente en la Audiencia Nacional. Esta mañana la Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha celebrado el juicio contra los etarras Javier García Gaztelu, alias “Txapote”, y su compañera sentimental Irantzu Gallastegi, alias “Amaia”, por el asesinato del concejal del PP José Ignacio Iruretagoyena en 1998 en Zarauz (Guipúzcoa).

Durante el juicio, la pareja de etarras ha vuelto a hacer gala de la chulería que los caracteriza, mostrando, una vez tras otra, continuas faltas de respeto hacia el tribunal que ha presidido el magistrado Ángel Hurtado.

Primero, la pareja de acusados dijo al juez que no iban a declarar ante un tribunal que, según los terroristas, no goza de “legitimidad”. Un actitud muy común en los etarras que son juzgados en la sala blindada de la Audiencia Nacional. Sin embargo, esta vez el presidente no les ha permitido que se pusieran a hablar como si el juicio no fuese con ellos; por otro lado, un gesto bastante habitual en los etarras. A priori, Hurtado les instó a que mantuviesen las formas y guardasen silencio. Ante la negativa de los presuntos asesinos, que dijeron que “eso era cosa suya”, el juez pidió que se le separase dentro de la Sala.

Minutos después, desafiando a la Justicia, los etarras Txapote y Amaia siguieron conversando a través del cristal que los separaba. Entonces, el juez ordenó a la Policía que se llevase fuera de la Sala a la acusada. Previamente, ésta se levantó para saludar y abrazar al etarra Gregorio Escudero, que prestaba declaración como testigo en el juicio, y que según el Ministerio Público dio la información sobre el popular José Ignacio Iruretagoyena a la pareja de etarras.

La viuda, destrozada

Frente a al chulería de los asesinos, el testimonio de las víctimas. La viuda del concejal de Zarauz, María José Imaz, ha contado el relato más estremecedor. Sufre un cáncer, que según los oncólogos, puede tener su origen en la pesadilla que vive desde enero de 1998.

Imaz ha relatado que sus hijos tenían cuatro años y ocho meses cuando la banda terrorista le quitó presuntamente la vida a su padre. La víctima ha tardado años en decirle a su hijo el mayor, quien actualmente tiene 16 años, que su progenitor fue asesinado de manos de ETA. El pequeño, de doce años, aún no lo sabe porque, dice Imaz, que aún no ha tenido fuerzas para decírselo.

Además, la viuda de Iruretagoyena ha manifestado que tres años después del asesinato de su marido, ETA atentó contra ella y su familia en el cementerio de Zarauz cuando estaban rindiendo homenaje al fallecido. “Entonces me entró una inseguridad muy grande. Recibí llamadas donde me decían: Ignacio, cabrón por fin fuiste al paredón”. Tras las amenazas, decidió cambiar de casa.

Por otro lado, el hermano del edil asesinado ha señalado esta mañana que, "tras la muerte de José Ignacio", su familia “no hace una vida normal”. “Mi madre no sale de casa (respira y deja de hablar)... es muy difícil explicar la vida tras el asesinato de mi hermano”.

El fiscal pide 61 años de pena

En su escrito de acusación, la Fiscalía solicita para cada uno 61 años de prisión por los delitos de estragos terroristas, asesinato terrorista y lesiones terroristas. De acuerdo con las conclusiones del fiscal, "Txapote" y "Amaia", miembros del "grupo Donosti" de ETA, decidieron atentar contra el concejal del PP aprovechando los datos que les había facilitado el también etarra Gregorio Escudero Balerdi, ya condenado por estos hechos, que se encargó de vigilar a la víctima durante varios días. Por su parte, Escudero quien en su día confesó el crimen, ha afirmado hoy que estas declaraciones se produjeron bajo torturas.

Sin embargo, los policías y guardias civiles que llevaron a cabo la investigación del atentado han corroborado este jueves las pruebas y los testimonios que constan en el sumario del caso y que señalan a los etarras Txpaote y Amaia como autores de este crimen.

Según relata el escrito del Ministerio Público, fue Escudero Balerdi quien trasladó a los dos procesados desde Andoain al apeadero de la estación de Añorga, desde donde ambos fueron en tren a Zarauz el 8 de enero de 1998.

Los acusados localizaron el vehículo del concejal en un garaje de Zarauz, en cuyo interior "Amaia" colocó bajo el asiento del conductor un artefacto explosivo -compuesto por 1,5 ó 2 kilos de amosal y cloratita-, mientras "Txapote" efectuaba labores de vigilancia. Una vez colocado el artefacto, regresaron en tren hasta Añorga, donde fueron recogidos de nuevo por Gregorio Escudero, que les llevó hasta Andoain.

A la mañana siguiente, el 9 de enero de 1998, Iruretagoyena cogió su vehículo que estaba estacionado en el garaje e inició la marcha hacía su lugar de trabajo. El artefacto explotó poco después a la altura de la calle Urdaneta, causando la muerte al concejal del PP, además de heridas de diversa consideración a otra persona.

Por estos hechos, el fiscal también pide una indemnización de 500.000 euros para la viuda y de 250.000 euros para los hijos de la víctima. Además, solicita que se imponga a los acusados la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de Zarauz y de cualquier tipo de comunicación -oral o escrita- con los familiares de la víctima durante cinco años a partir del cumplimiento de la pena.

Txapote y su compañera sentimental ya coincidieron en el banquillo en 2006 cuando fueron condenados a 50 años de cárcel por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. También se les acusó de la muerte del edil socialista José Luis Caso, crimen del que fueron absueltos por falta de pruebas.

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