(Libertad Digital) Bajo el título de "Los 99 jueces del juez Liaño", el diario El País publica este lunes la información que llevaba guardando desde que el Tribunal Constitucional comenzó a deliberar el amparo a Javier Gómez de Liaño. A través de un interminable cuadro sinóptico, analizan todo el proceso, desde el caso Sogecable hasta el caso Liaño.
Aunque nada de lo publicado este lunes sorprende, merece destacarse la forma en la que este diario deja en segundo plano los votos particulares del juez José Manuel Martínez Pereda, Pablo Manuel Cachón Villar y la opinión del fiscal del Supremo José María Luzón. Entre los tres, en diferentes momentos del proceso, desmontaron hasta el hecho de que el juez Javier Gómez de Liaño fuera sentado en el banquillo y que el caso Sogecable no se había abierto en falso sino que tenía muchos ingredientes para haberlo cerrado con garantías. El País sólo dice de ellos que "han quedado en evidencia". Sin embargo, el camino queda despejado para Gregorio García Ancos y Enrique Bacigalupo, aunque participaran en todos los pasos que se han seguido contra el juez en excedencia, incluso oponiéndose a que se aplicara un indulto del Gobierno.
La información repasa una por una todas las decisiones tomadas en distintas instancias judiciales: Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Sala Especial del artículo 61, CGPJ, Tribunal de Conflictos y Tribunal Constitucional. En cada tribunal se para a analizar cada decisión de cada juez llegando a reconocer cómo los mismos jueces que rechazaron el incidente de recusación de Liaño –Bacigalupo y García Ancos– fueron los que le juzgaron y hasta los que se opusieron al indulto.
Los 99 jueces a los que hace alusión El País contrastan con la cantidad de decisiones que han tomado los dos anteriormente citados asistidos en otras ocasiones por Cándido Conde Pumpido, Clemente Auger, José Jiménez Villarejo o Ignacio Sierra. El voto particular de veinte líneas emitido por Manuel Jiménez de Parga merece una mención especial en contraste con el silenciado voto de más de veinte páginas –el de Pablo Manuel Cachón Villar– en el que por tercera vez, un ponente se opone a la operación contra un juez, reiteradamente calificado como inocente.
Al final, todo queda en que "la sentencia del Tribunal Constitucional (...) ha puesto fin a un proceso del que Liaño ha pulsado todos los resortes y en el que ha dispuesto de todos los efectivos imaginables de la Administración de Justicia". En la información insisten en que "los antecedentes penales" de Liaño no han sido cancelados y que el Gobierno se empeñó en indultarle a través de un conflicto jurisdiccional con un CGPJ a su favor. En suma, niega que Liaño fuera juzgado sin garantías, vuelve a llamarle prevaricador, trata de cerrar el escándalo de los decodificadores y acusa al Gobierno de connivencia.