L D (Agencias) El espectáculo visto el jueves a las puertas del Palacio de Justicia de Bilbao no ha sido pasado por alto por los jueces que, dentro del edificio, tomaban declaración al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa y a los miembros de la Mesa, Gorka Knorr y Conchi Bilbao por un presunto delito de desobediencia al negarse a disolver el grupo Batasuna-ETA.
Las críticas al papel de Arzalluz –jaleando a los congregados a entonar el himno más habitual de Batasuna– han llegado hasta desde uno de los acusados, Gorka Knorr, de Eusko Alkartasuna, molesto por el hecho de que fuera el presidente del PNV el que hiciera de maestro de ceremonias y calificó su actitud de "megalomanía mediática". Pero tales críticas no son sino una especie de competición, ya que Knorr, lo único que quería hacer ver es que "Había mucha gente y muchos representantes institucionales nuestros".
Lo que sí resulta revelador es que la Sala de Gobierno del mismo tribunal que había citado a los acusados se queje en una nota pública de la actitud mostrada por los manifestantes, la mayoría políticos y las veladas amenazas que allí se escucharon. La nota, destacada por la agencia EFE, alude a las manifestaciones ante el Palacio de Justicia que, "con asistencia de caracterizados representantes políticos" se pronunciaron "pública e insistentemente sobre la causa penal abierta". La Sala de Gobierno considera que "una actuación de este carácter ha producido el efecto de deslegitimar, ante la opinión pública, al Poder Judicial que ejerce la función constitucional de juzgar en la Comunidad Autónoma del País Vasco".
El Gobierno, a través de su ministro del Interior, Ángel Acebes, calificó las declaraciones del presidente de PNV, Xabier Arzalluz, en la concentración de "amenazas" y dijo que suponen "un desprecio claro al Estado de Derecho, a la democracia, al Poder Judicial y a la convivencia".
Por otra parte, el parlamentario del PP vasco Carlos Urquijo preguntó este jueves al consejero de Interior, Javier Balza, si estaba comunicada la concentración. En una iniciativa parlamentaria, Urquijo recalcó que la concentración, de casi doce horas de duración, "debía haberse comunicado con antelación a la Dirección de Seguridad por los convocantes". Urquijo emplazó a Balza a elaborar el correspondiente atestado policial, en el caso de que la concentración no hubiera sido comunicada.