(Libertad Digital) El secretario general de AUME cree que el caso del accidente del Cougar se ha cerrado “en falso” y el archivo de las diligencias “es nulo” porque quedan abiertos “muchísimos interrogantes pendientes de una investigación correcta”.
“Nos parece sorprendente que después de las grandes dificultades que han tenido las familias para saber lo que estaba pasando en sede judicial sea precisamente el archivo” de la causa lo único que se sepa “de forma tan precipitada como falta de motivación”, dice Mariano Casado.
El secretario general de esta asociación de militares no descarta ningún motivo del accidente, ni siquiera un ataque talibán, “pero no existe certeza”. “No ha habido una investigación correcta y ajustada a un Estado de Derecho” y no se ha permitido a las partes conocer los autos. “La conclusión oficial de un accidente es una hipótesis más. Las familias y la opinión pública tienen derecho a saber lo que pasó”.
El que entonces era ministro de Defensa, José Bono, ha removido Roma con Santiago para reabrir el caso del Yak-42. En opinión de Casado, Bono debería ahora “seguir el mismo criterio” y aplicarlo al caso del Cougar. “Hay que buscar la verdad judicial, la investigación no se ajustó a la magnitud de los hechos y las conclusiones son precipitadas, no fundadas, de cara a la galería”. “Bono no es quién para dar lecciones a nadie de cómo se ha hecho la investigación, que es el paradigma de una investigación hecha al servicio de los intereses políticos”.
El secretario general de AUME pone como ejemplo el informe de la Comisión Técnica de Accidentes de Aeronaves que Bono presentó para justificar su decisión. “Está plagado de inexactitudes infumables en un Estado de Derecho. Todos los testigos fueron interrogados de manera conjunta y no consta su firma en ninguna declaración”, dice.
Mariano Casado denuncia que a los familiares se les ha negado sistemáticamente el acceso a la información y sólo se les ha facilitado la investigación –más de 3.000 folios- al mismo tiempo que se ha emitido el auto de archivo, impidiendo ejercer el derecho de defensa. “Se ha intentado dificultar la participación de las familias en la investigación de la causa”, concluye.