El 'mapa de la vergüenza' del PSOE de Extremadura

A pocas semanas de las elecciones en Extremadura, el candidato socialista, Guillermo Fernández Vara, se tiene que enfrentar al 'mapa de la vergüenza': un rastro de casos de corrupción e irregularidades que afecta desde a destacados alcaldes de la formación al propio Ejecutivo autonómico, que él preside.

Así lo asegura el Partido Popular que preside José Antonio Monago, y que desvela los puntos negros del PSOE en la comunidad. Una red de ilegalidades que también mancharía el nombre del anterior presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Contratos irregulares cuando Ibarra gobernaba

Concretamente, el Tribunal de Cuentas presentó recientemente un informe sobre la fiscalización contable de la Junta durante los años 2004 y 2005, bajo la batuta de Ibarra. Entonces, según publicó El Economista, se detectaron irregularidades, ausencia de publicidad, falta de transparencia y adjudicaciones a dedo en las contrataciones realizadas por el Ejecutivo.

Tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado ya han solicitado antecedentes a la sección de enjuiciamiento en relación con diferentes supuestos de gestión de gastos. También ha inmovilizado subvenciones y distintos contratos, según confirmó el presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez. 

Escándalo en el Ayuntamiento de Plasencia

Los casos de corrupción afectan además a destacadísimos alcaldes de la región, varios candidatos a la reelección, a pesar de la promesa de Fernández Vara de no incluir a imputados en las listas.

Según los papeles del PP, a los que ha tenido acceso Libertad Digital, la regidora de Plasencia, Elia María Blanco, y los concejales Blas Raimundo, Enrique Torneroy Francisco Barbancho están imputados por la Justicia. Se les acusa de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El escándalo también salpica a otros dirigentes socialistas de renombre.

Corrupción en municipios menores

En otros municipios, de escala menor, los trapicheos se multiplican, según la denuncia de Monago. En Casares de Hurdes, su alcalde Olegario Rodríguez fue condenado a 730 euros y la mitad de las costas por agredir a un vecino. El regidor socialista llegó a mentir ante el tribunal y usó la violencia como herramienta para solventar sus diferencias personales. También está implicado en una denuncia por la legalidad de una obra.

Por su parte, en Moraleja, su primer edil, Teresa Roca, está imputada por prevaricación, tráfico de influencias y fraude y exacciones fiscales, junto con otro concejal socialista y compañero sentimental, Felipe Mayoral.

En otro municipio, en Alburquerque, la Fiscalía inició una investigación en noviembre de 2009 al alcalde, Ángel Vadillo, por la gestión de la empresa Bicinatura, y según el decreto fiscal que se envió al juzgado, las diligencias informativas se abrieron por la posible existencia de delitos de malversación, fraude y exacciones ilegales y delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Esto propició, según el PP, que el Juzgado incoara diligencias para averiguar la participación del alcalde, la presidenta local del PSOE y su esposo, la comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación y contra la ordenación del territorio.

 Además, Ángel Vadillo declarará como imputado el próximo 15 de febrero por presuntos delitos de amenazas y obstrucción a la Justicia.

Tampoco se libra el alcalde socialista de Ceclavín, Pedro Martín, condenado el pasado mes de julio a una pena de ocho años y siete meses de inhabilitación especial y a una multa de 3.400 euros tras quedar demostrado un delito de prevaricación urbanística. El juzgado de lo Penal nº 2 de Cáceres manifestó que la falta de legalidad "era plenamente conocida y amparada por el gobernante".

Dos ex alcaldes del PSOE también se ven salpicados por la mancha de la corrupción. El de Plasenzuela, José Villegas, fue imputado como presunto autor de varios delitos de corrupción, entre otros, malversación, prevaricación y estafa a la Seguridad Social, dejando al municipio arruinado. Por su parte, el de Fuenlabrada de los Montes, Gabriel Muñoz Prieto, está acusado de un "delito especial de fraude".

El papel de Vara en un caso de corrupción

Incluso el nombre de Fernández Vara queda en entredicho. El motivo lo encontramos en Olivenza, de donde es originario junto con el propio Ibarra. Concretamente, y según siempre la denuncia del PP, el Ayuntamiento cedió unos terrenos de uso industrial de 65.000 metros cuadradosal precio simbólico de una peseta.

El secretario general del PSOE en Olivenza durante esa época era el actual presidente de la Junta de Extremadura, quien además perteneció a la corporación local en calidad de concejal.

El ex alcalde de la localidad, Ramón Rocha, es conocido –según los populares extremeños- como el 'Hugo Chávez extremeño' y ha ostentado, además, los cargos de presidente de la Diputación de Badajoz y vicepresidente de la Asamblea de Extremadura. La empresa recibió más de 13 millones de euros de fondos públicos. José Luis Andrade Piñana, actual Director General de Ordenación Industrial y Política Energética de la Junta de Extremadura, entre los 13 imputados. Es el denominado caso Lusográfica, por el que Monago ya ha presentado una querella.

Un verdadero 'mapa de la vergüenza', desconocido hasta la fecha, y por el que el líder de los populares de Extremadura ha pedodo reiteradas explicaciones sin que nadie del Gobierno autonómico haya dado las respuestas oportunas o se hayan depurado, según advierte, responsabilidades.