El juez del caso Matas tasó su vivienda en más del doble de lo declarado
Según informa La Gaceta, el juez del caso Matas escrituró su vivienda por 163.625 euros, pagados en efectivo y sin hipoteca. Un año después el banco puso a su propiedad 329.007 euros de precio. Es el juez que vio llamativo que Matas pagase 200.000 euros en efectivo por una propiedad.
El titular del juzgado número 3 de instrucción de Palma de Mallorca, José Castro, se asoció con una promotora mallorquina, Reyco, en el año 1998. Su objetivo era adquirir un solar al borde del mar sobre el que se construyeron, a medias con esta empresa, dos viviendas unifamiliares de obra nueva.
Era septiembre del 2000 y el coste del suelo, según el diario, alcanzó los 192.323,87 euros. Los dos inmuebles de dos alturas, con terraza y garaje próximos al Club Marítimo de Levante, están enclavados en el barrio de El Molinar, a 4 kilómetros de Mallorca y rodeando al Portitxol, un barrio de pescadores reconvertido en paseo marítimo.
Una vez escrituradas ambas viviendas, la sociedad creada se deshizo y los inmuebles quedaron sometidos al régimen de propiedad horizontal, adjudicándose uno a cada uno de los ex socios. El solar y la obra sumaron una cantidad de 327.251,09 euros, a pagar la mitad cada uno de los socios.
Castro, recuerda La Gaceta, fue el instructor que en su auto de medidas cautelares contra Matas por el caso Palma Arena consideró llamativo que el ex presidente balear pagara 200.000 euros en efectivo por una propiedad, y que ahora resulta que (según el Registro de la Propiedad) hizo frente al pago de 163.625,54 euros sin hipoteca y al contado por esta edificación.
Entonces el juez estaba destinado al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma y percibía un sueldo de 2.000 euros mensuales. Castro también destaca en su auto que éste adquirió una vivienda por un precio inferior al mercado, cuando el mismo Castro solicitó un crédito contra su nueva vivienda unifamiliar al BBVA. El banco entonces (diciembre de 2001) la tasó en 329.007,43 euros, más del doble declarado por el instructor.
El importe solicitado, expone La Gaceta, fue de 162.273,26 euros. Casi exactamente la misma cantidad que el juez Castro dijo haber pagado ya por su casa construida a medias por un promotor un año antes, en diciembre de 2000. Según el diario, el dueño de dicha empresa, Antonio Cobián, está encausado en nada menos que 12 procedimientos abiertos en los juzgados de Palma.
Algunos son juicios menores que se remontan al año 94, pero en uno de los casos no comparece como demandado sino como testigo en un proceso penal por presunto delito de abuso sexual cometido por uno de sus socios. El socio del juez Castro tiene, no obstante, un reclamación de la Tesorería por el impago de 273.999 euros, publicado en el BOE insular de julio de 1998. Su mujer también está encausada en cinco procedimientos penales entre 1994 y 2004.
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