El informe a medida encargado por Atutxa le exime de disolver al grupo parlamentario de ETA

L D (EFE) El informe elaborado por los servicios jurídicos del Parlamento Vasco insiste en que el auto del Tribunal Supremo que ordena la disolución de Socialistas Abertzaleas "invade y menoscaba la autonomía de organización y funcionamiento de esta Cámara". No era lógico esperar otro veredicto. Todo queda como estaba, con el objetivo cumplido de haber ganado tiempo y no sufrir la disolución ejecutiva antes del 25 de mayo, fecha en la que se celebraron las elecciones municipales y autonómicas.

El informe, de casi 50 folios, fue encargado por la Mesa del Parlamento la semana pasada, y será la base del debate que mantendrá este órgano el jueves sobre cómo va a actuar el Parlamento tras la decisión del Supremo. En sus conclusiones, el informe sostiene que el reglamento del Parlamento Vasco "no contempla la disolución" de grupos parlamentarios, con lo que con el auto del TS "no se respeta ni la inviolabilidad del Parlamento Vasco, constitucional y estatutariamente consagradas, ni el principio de separación de poderes al que dicha inviolabilidad sirve de instrumento".

Admiten el principio legal para luego negar su aplicación

En el clásico lenguaje ambiguo, los servicios jurídicos reconocen que las sentencias y "demás resoluciones judiciales firmes son de obligado cumplimiento para todos", por lo que "en ningún caso se niega o discute una regla tan básica y consustancial al Estado de derecho", aunque añade que "cosa distinta es que se prevenga contra una interpretación unilateral, simplificada y aislada" del artículo 118 de la Constitución (el que establece la obligatoriedad de cumplir las resoluciones).

En los fundamentos del informe, los servicios de la Cámara afirman que si la disolución del grupo de Sozialista Abertzaleak "se sustenta en la necesidad de que cesen todas sus actividades, la medida es paradójica y, en buena parte inútil", por cuanto que en el grupo mixto, donde pasarían los parlamentarios de SA, "conservan una parte sustancial de sus facultades y capacidad organizativa". El hecho de que este grupo pase al mixto responde –no lo contempla el informe– a respetar la representación que el SA obtuvo vía elecciones y que no se repetiría en unas próximas elecciones al no existir ya el partido.

Las salidas propuestas. Otra burla

El informe establece las "posibles vías de respuesta jurídica contra el auto del Tribunal Supremo", en el que reconoce que la vía "objetivamente más apropiada sería la del conflicto de jurisdicción", propuesta que ya ha formulado el grupo de Madrazo. El documento reconoce que esta vía se encuentra con una serie de "obstáculos", como por ejemplo "el hecho de que haya que solicitar al Gobierno Vasco la presentación del conflicto", ya que "no dejaría de resultar irónico que el Parlamento tuviera que defender su autonomía a través del Gobierno" y además recuerda que el presidente del Tribunal Supremo preside también el Tribunal de Conflictos.

En caso de que no se opte por el conflicto jurisdiccional, los servicios jurídicos del Parlamento aseguran que "no cabe una respuesta clara y tajante en términos reglamentarios sobre cuál sería la vía adecuada para plantear la ejecución del auto" del Supremo. En este sentido, los servicios jurídicos ven dos posibilidades: la primera, una resolución de la Presidencia (como se hizo en Navarra), de la que destaca su rapidez, y la segunda, una reforma del Reglamento, que sería una "vía jurídicamente más asentada".

Esta vía, la de la reforma del Parlamento, se tramitaría como una proposición de ley, con lo que se tendrían que abrir los plazos para la presentación de enmiendas, su debate en ponencia y comisión y su posterior votación en el pleno, que con estos trámites no se produciría hasta después del verano. Además, podría darse el caso de que la mayoría del pleno votara en contra de reformar el reglamento.

"En definitiva -sostienen los servicios jurídicos- el Parlamento se encuentra en una situación de indefensión, al verse afectado en su autonomía por una resolución judicial firme frente a la que el ordenamiento jurídico no ha dispuesto ninguna vía procesal clara de respuesta".