El Gobierno ya puede premiar con ascensos a los fiscales fieles
Además, el nuevo Estatuto Fiscal introduce otras novedades como la creación de la figura del fiscal superior de la Comunidad Autónoma, fija un mandato de cuatro años para el cargo del Fiscal General del Estado y causas tasadas para su cese, además de la obligatoriedad de que éste comparezca ante el Congreso antes de ser designado.
El portavoz de Justicia del Grupo Popular, Ignacio Astarloa, ha asegurado que cuando el PP gobierne revisará "de arriba abajo, desde la primera línea hasta la última" el Proyecto de Ley que modifica la norma que hasta ahora regulaba el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. "Nace sometido a la eventualidad de la revisión radical", manifestó.
Astarloa justificó el voto en contra de su grupo a todas las enmiendas en su convencimiento de que la reforma agravará los problemas actuales de esta Institución en pago a un pacto entre el Gobierno y los partidos nacionalistas "que desnaturaliza de forma histórica la institución fiscal española".
Lamentó que el nuevo Estatuto, que sustituye al aprobado por Ley Orgánica en 1981, salga adelante con una "falta absoluta de consenso con el partido mayoritario la oposición" y se creen nuevos problemas para el futuro. "Si se otorga capacidad instructora a los fiscales en la nueva Ley de Enjuiciamiento criminal, se crearán fiscales instructores dependientes del Gobierno".
Criticó igualmente que en el nuevo Estatuto no cuente "para nada" la opinión del Congreso respecto al nombramiento del fiscal general, y que su cese pase a depender ahora del Consejo de Ministros o del cese del propio Gobierno. "Se cambia la jerarquía por el caudillaje, porque se refuerza su vinculación política de la Fiscalía con el Gobierno, liquidando cualquier contrapeso" que ejerce actualmente el Consejo Fiscal, indicó.
Astarloa manifestó también que la reforma va dirigida a crear "diecisiete políticas criminales diferentes y a la subordinación de las Fiscalías a los poderes políticos autonómicos".
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