L D (Europa Press) En rueda de prensa conjunta en Rabat con el primer ministro marroquí Dris Jettu, De la Vega recordó que el Gobierno vasco autorizó esta manifestación ya que le corresponde al mismo el control formal y la autorización, mientras que el control material es una cuestión del poder judicial. "Hay que respetar los ámbitos de actuación y de funcionamiento de otras administraciones o de otros poderes del Estado y, en este caso, como en todos los demás, el Gobierno respeta esos ámbitos", apostilló.
Al ser preguntada si iban a instar a la Fiscalía para que prohíba la manifestación, como pidió el presidente del PP, Mariano Rajoy, la vicepresidenta respondió que el Gobierno respeta "absolutamente la autonomía en el ejercicio de la acción por parte de la Fiscalía y la actuación independiente de los tribunales". Además, reiteró que quien materialmente controla son los órganos del poder judicial y la Fiscalía de manera autónoma e independiente.
Minutos antes, pero en Madrid, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Diego López Garrido, subrayó que su partido no tiene "ninguna simpatía" por la manifestación que ETA-Batasuna prevé celebrar el día 13 en reivindicación de la autodeterminación ni "por las personas que la convocan". "No es plato de gusto", resumió el dirigente socialista, que indicó que la marcha no tiene "nada que ver" con la posición del PSE y aseguró que la última palabra la tiene la justicia.
No obstante, enfatizó que "en un Estado de Derecho", el "ejercicio de libertades y derechos fundamentales" es cuestión de legalidad". Por ello, se remitió a las normas y destacó que, primero, es el Gobierno vasco el que debe tomar una decisión si considera que hay peligro "para personas o bienes" o si cree que lo convoca una "fuerza ilegalizada". Precisó que contra esa decisión cabría recurso y que serían los jueces los que finalmente tendría que decidir.
"Si llega el juez y dice que puede haber, habría que acatarlo y si dice que no, también", comentó. Insistió en que no les gusta esta convocatoria pero que respetarán la legalidad, instando al PP a que también la "acepte", ya que las reglas "está muy claras".
Así, subrayó que los socialistas no interferirán en las competencias de otra autoridad porque, al final corresponde a los jueces el determinar si se debe "prohibir o no ese tipo de actividades".