L D (EFE) El Gobierno estima que tras la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de desestimar el recurso del Gobierno vasco contra la Ley de Partidos se debe proceder a disolver al grupo de Batasuna en la Cámara vasca, mientras que el ejecutivo autónomo cree que el fallo no entra en el fondo del asunto.
El Tribunal de Estrasburgo no admitió a trámite el recurso del Gobierno vasco contra la ley de partidos, que supuso la ilegalización de Batasuna, basándose en la jurisprudencia que establece que una parte de un Estado (el Gobierno vasco) no está legitimada para demandar a otra por esta vía. Tras conocer el fallo, el Gobierno, el PP y el PSOE consideraron que éste era un aval para la ley de partidos, una buena noticia en la lucha contra el terrorismo y un fracaso del gabinete Ibarretxe en Europa.
Así, el vicepresidente Javier Arenas dijo que el rechazo del Tribunal "es un nuevo fracaso del nacionalismo que siempre se ha opuesto a reformas legales que nos permitían luchar con más eficacia contra el terrorismo". El ministro de Justicia, José María Michavila, cree que tras el fallo, el Gobierno vasco tiene que "expulsar definitivamente a esa organización terrorista del Parlamento vasco y no pedirle los votos para sacar adelante un plan totalitario como el de Ibarretxe". Igualmente, el ministro de Interior, Angel Acebes, consideró que "no es sostenible" que el Parlamento autonómico siga dando la palabra a Batasuna.
El vicesecretario general del PP, Jaime Mayor Oreja, afirmó que la decisión del Tribunal supone "el primer fracaso de la estrategia del Plan Ibarretxe en Europa". Desde el PSE-EE, Rodolfo Ares opinó que el lehendakari Ibarretxe, "si fuera coherente, tendría que apoyar ahora" esta Ley de partidos, ya que se deben acatar las resoluciones de los Tribunales.
La otra realidad, según el Gobierno vasco
El Tribunal de Estrasburgo no admitió a trámite el recurso del Gobierno vasco contra la ley de partidos, que supuso la ilegalización de Batasuna, basándose en la jurisprudencia que establece que una parte de un Estado (el Gobierno vasco) no está legitimada para demandar a otra por esta vía. Tras conocer el fallo, el Gobierno, el PP y el PSOE consideraron que éste era un aval para la ley de partidos, una buena noticia en la lucha contra el terrorismo y un fracaso del gabinete Ibarretxe en Europa.
Así, el vicepresidente Javier Arenas dijo que el rechazo del Tribunal "es un nuevo fracaso del nacionalismo que siempre se ha opuesto a reformas legales que nos permitían luchar con más eficacia contra el terrorismo". El ministro de Justicia, José María Michavila, cree que tras el fallo, el Gobierno vasco tiene que "expulsar definitivamente a esa organización terrorista del Parlamento vasco y no pedirle los votos para sacar adelante un plan totalitario como el de Ibarretxe". Igualmente, el ministro de Interior, Angel Acebes, consideró que "no es sostenible" que el Parlamento autonómico siga dando la palabra a Batasuna.
El vicesecretario general del PP, Jaime Mayor Oreja, afirmó que la decisión del Tribunal supone "el primer fracaso de la estrategia del Plan Ibarretxe en Europa". Desde el PSE-EE, Rodolfo Ares opinó que el lehendakari Ibarretxe, "si fuera coherente, tendría que apoyar ahora" esta Ley de partidos, ya que se deben acatar las resoluciones de los Tribunales.
La otra realidad, según el Gobierno vasco
Por contra, la portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, aseguró que el Tribunal de Estrasburgo no ha entrado en el fondo del asunto, la ley de partidos, al no admitir el recurso del ejecutivo autónomo, de manera que "no ha rechazado los argumentos del Gobierno vasco".
Azkarate lamentó que el Tribunal "se haya quedado en cuestiones formales", al desestimar el recurso porque el Gobierno vasco no está legitimado para presentarlo, cuando "lo que importa realmente es si la Ley de Partidos se ajusta o no a los derechos humanos".
Por ello, consideró que "es radicalmente falso que el Tribunal haya emitido sentencia alguna en la que se resuelva el fondo de las cuestiones planteadas o que haya avalado, en absoluto, ni la sentencia del Tribunal Constitucional ni mucho menos el ajuste de la Ley de partidos a los derechos humanos".