L D (EFE) El Gobierno vasco hizo pública este sábado una declaración institucional en la que denunció la "convulsión" que provocan algunas decisiones judiciales y advirtió de que el respeto hacia ellas "no implica silencio ni cobertura incondicional a su contenido". Esta declaración se produce cuatro días antes de que el lehendakari declare ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como imputado por reunirse con representantes de Batasuna y una día después de que varios jueces advirtieran de que "ninguna autoridad goza en España de impunidad penal".
El texto, en el que el Gobierno vasco expresa su "alarma" por el efecto de algunas resoluciones judiciales, fue leído en euskera por la portavoz Miren Azkarate y en castellano por el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga. El Ejecutivo de Vitoria precisa que sus críticas van dirigidas a la actuación de determinados órganos judiciales, a los que acusa de protagonizar una "serie de asuntos muy significativos" que, a su juicio, están propiciados por la Ley de Partidos y "van contra la separación de poderes".
Entre éstos destaca el procesamiento de Ibarretxe por reunirse con representantes de Batasuna, al señalar que "se pretende sembrar la sospecha de que el propio lehendakari de todos los vascos comete un delito por reunirse para dialogar y reconducir problemas de normalización política".
El Gobierno vasco entiende que "la lealtad con el Estado de Derecho no supone aceptar cualquier tipo de decisión judicial, sin derecho a la crítica". "El respeto a la ley no es la paz del miedo, no es callar por si acaso, no es la sensación generalizada de que hay manifestaciones a las que uno se puede adherir, ni reuniones a las que no se puede acudir", defendió.
Señala que la declaración de hoy supone "la defensa real de la división de poderes" y se muestra convencido de que "el respeto y el acatamiento de decisiones judiciales no implica el silencio ni la cobertura incondicional de su contenido". Indica que la Ley de Partidos "ha propiciado una nueva forma de interpretar y aplicar las leyes", así como que "el desbordamiento de los límites" ha llegado al punto de "poner bajo sospecha al Parlamento vasco y al propio lehendakari".
"Las consecuencias han ido mucho más allá de lo que nadie hubiera imaginado y la mancha de aceite de dicha legislación de excepción está ampliando progresivamente su cerco", manifiesta.
Por ello, reclama al Estado de Derecho que "recupere las hechuras y los límites que justifican su legitimidad" y demanda "seguridad jurídica y claridad de expectativas para que todos disfrutemos de los derechos fundamentales que nos corresponden como ciudadanos".
Asimismo, el Ejecutivo de Vitoria deja claro que "ha defendido, defiende y defenderá a la Administración de Justicia como poder necesario e imprescindible de cualquier democracia", e insiste en que su preocupación se deriva de "una minoría de decisiones que pueden acabar por vaciar la credibilidad y la estima social incuestionable de la Justicia".
El portavoz del CGPJ ha respondido que "las resoluciones judiciales no tienen como fin establecer ningún tipo de sentimiento en la sociedad ni de provocar sentimientos, únicamente resuelven conflictos jurídicos".
Enrique López hizo una llamada a la responsabilidad del Gobierno vasco "en el sentido de que es legítimo hacer críticas a las resoluciones judiciales pero no es adecuado poner en cuestión de forma constante la actuación del Poder Judicial".
Recordó que el Poder Ejecutivo, aunque sea autonómico como en este caso, no solo debe respetar la independencia del Poder Judicial sino que además tiene que defenderla y recalcó que no se debe poner en cuestión constantemente el quehacer profesional de los jueces, en este caso, de los destinados en el País Vasco, "porque eso supone una quiebra en la confianza en el Poder Judicial".
"Ha llegado el momento de que todos ejerzamos nuestra responsabilidad, que asumamos las consecuencias de las actuaciones de cada uno de los poderes y que transmitamos a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad en las instituciones y de responsabilidad", señaló.
Además, llamó al Gobierno vasco y a su presidente "a que tenga confianza en la Justicia porque estoy convencido de que la Justicia dará una respuesta adecuada en Derecho".
Respecto a la decisión del juez Baltasar Garzón de no citar a Arnaldo Otegi y a otros once miembros de Batasuna como imputados por un delito de desobediencia al auto de suspensión de actividades de la formación, el portavoz del CGPJ indicó que se trata de una resolución judicial y que merece el mismo respeto.
"El juez Baltasar Garzón ha dictado una resolución judicial en el ámbito de su independencia y se puede estar de acuerdo o no con ella pero es una resolución judicial que merece respeto y el que no esté de acuerdo y esté legitimado puede recurrirla", dijo López.
Por ello, reclamó respeto "para todas las resoluciones judiciales, al margen de que puedan gustar más o menos, porque el respeto al Poder Judicial no es algo a lo que alguien se pueda apuntar un día sí y un día no".