L D (Agencias) El Gobierno cumplirá así con el anuncio que hizo el pasado 7 de mayo la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ante la Comisión Constitucional del Congreso, cuando adelantó que el Gobierno pediría "con carácter inmediato" un informe al Consejo de Estado sobre la reforma de la LOREG, cuyo fin será el de "facilitar la participación ciudadana y aumentar el rendimiento de nuestras instituciones".
De la Vega también expuso en su comparecencia que el Ejecutivo promovería la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión Constitucional para abordar y evaluar los posibles cambios de la citada Ley, buscando "siempre el mayor acuerdo y el mayor consenso posible".
La reforma de la Ley Electoral es una promesa electoral del PSOE, que fue incluida en su programa electoral. En concreto, los socialistas se comprometieron a reformar la LOREG para crear una circunscripción única destinada a los votantes en el exterior.
Sin embargo y aunque no mencionaban en el programa la modificación de otros aspectos de la citada Ley, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró al diputado de IU Gaspar Llamazares, durante el debate de investidura, que estudiaría la posibilidad de reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Zapatero realizó esta afirmación después de la petición del dirigente de IU, quien expuso que la actual ley perjudica notablemente a esta fuerza política, que es la tercera en votos en toda España y sólo tiene dos diputados. De este modo, el Gobierno abría la puerta a ir más allá de lo que el PSOE comprometió en su programa electoral.
En cuanto a la creación de esta nueva circunscripción exterior, esta requeriría reformar la Constitución, que establece expresamente que "la circunscripción electoral es la provincia", según señalaron varios expertos consultados por Europa Press.
Propuesta de Llamazares
Sin embargo, no ocurriría lo mismo con la propuesta que ha hecho Gaspar Llamazares, quien reclama que se aumente desde 350 hasta 400 el número de escaños en el Congreso de los Diputados y que esos 50 nuevos procedan de la suma nacional de restos, es decir, de los votos obtenidos en distintas circunscripciones que no son suficientes para alcanzar un escaño.
Este cambio obligaría a modificar la LOREG, pero no la Constitución, ya que en la Carta Magna se afirma que el Congreso debe tener entre 300 y 400 diputados.
Según las fuentes consultadas, el Gobierno no se cierra en banda a estudiar la propuesta de IU, aunque los socialistas no tienen especial interés en una reforma de esas características, según las fuentes consultadas. Sin embargo, el Ejecutivo todavía no ha desvelado cuáles serán sus prioridades en la posible reforma.
La consulta no será genérica
Estas se conocerán, en cierta medida, cuando se apruebe la petición de informe al Consejo de Estado, ya que esa consulta no se realiza de forma genérica, sino que está previsto que se formulen un paquete de preguntas a este órgano consultivo, sobre los que el Gobierno quiere que se pronuncie. Esta fue también la fórmula que utilizó el Ejecutivo en la pasada Legislatura cuando pidió informe al Consejo de Estado sobre la reforma de la Constitución.
Una vez que el Gobierno envíe la consulta con sus preguntas, esta será analizada por una Comisión de Estudios que posteriormente enviará sus propuestas al pleno del Consejo.
La vicepresidente del Gobierno adelantó en su comparencia del 7 de mayo que, una vez que el Gobierno reciba el informe, este será enviado "como herramienta de trabajo" a la subcomisión creada en el Parlamento para estudiar la posible reforma electoral.
La creación de esta subcomisión ya ha dado sus primeros pasos. De hecho, todos los grupos del Congreso registraron la semana pasada una petición conjunta para crearla. El texto, redactado por el PSOE y suscrito por todos los grupos parlamentarios, destaca la necesidad de encarar la mejora del Régimen Electoral General ante las numerosas iniciativas de reforma planteadas tanto por las distintas formaciones políticas como por expertos y apela a la necesidad de alcanzar "el consenso" de todas las fuerzas.
Por ello se solicita la creación de la citada subcomisión, que se encargará de estudiar en detalle la vigente LOREG, de analizar las diversas propuestas de modificación y de elaborar un informe sobre las posibles mejoras que puedan introducirse en la citada norma. Como ejemplo se cita el procedimiento electoral o el ejercicio del derecho de sufragio de los ciudadanos.
Dicho informe, que habrá de contar "con la participación de todos los grupos y con el máximo consenso", será elevado a la Comisión Constitucional para su debate y su posterior aprobación.
Durante la pasada Legislatura también se propuso llevar a cabo una reforma de la Ley Electoral, sin embargo, quedó aplazada "sine die" por el Congreso el 23 de mayo de 2006, después de las reticencias de los nacionalistas y del PP.